El Ministerio de Asuntos Exteriores ya está «estudiando» la negativa de las autoridades marroquíes a permitir el acceso a la ciudad autónoma de los ciudadanos del Reino alauita a los que España concede un visado de validez territorial limitada y una sola entrada para tramitar su documentación como trabajadores transfronterizos. Según han confirmado desde la Delegación del Gobierno en Ceuta, la delegada, Cristina Pérez, se lo ha asegurado así al vocal delegado del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz, Francisco Javier Casas.
En el caso de Melilla, no hay constancia de que este mismo problema que se está dando en Ceuta, también se produzca aquí. En cualquier caso, la gestión del Ministerio de Exteriores también afectará a nuestra ciudad.
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz ha explicado en un comunicado a los medios que, según la delegada, «aunque aún no se ha llegado a una solución definitiva, el tema está recibiendo la atención necesaria y se está trabajando activamente para encontrar una resolución adecuada».
Tras la reapertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla hace casi dos años todos los marroquíes que desean acceder a ellas deben contar con un visado Schengen y ya no se consiente el cruce de esos pasos solo con su pasaporte a los residentes en las regiones de Tetuán y Nador, como hasta 2020.
La única excepción contemplada era la de los trabajadores transfronterizos reconocidos como tales y los nuevos contratados, que podían entrar en Ceuta y tramitar su documentación ante la Policía Nacional gracias a un visado de validez territorial limitada a la ciudad y una sola entrada (a realizar en el plazo de un mes). Las autoridades marroquíes dejaron a finales de enero de aceptarlos, con lo que es imposible completar los expedientes con éxito.
Temores
Fuentes del colectivo de trabajadores transfronterizos marroquíes, que está obligado a pernoctar en su país, han explicado a Europa Press que en su caso temen quedar igualmente expuestos a perder sus empleos si extraviasen su documentación en el Reino alauita, pues tampoco podrían volver a entrar en Ceuta para renovarla.
El número de extranjeros documentado con esa figura en Ceuta ronda ahora el millar, aproximadamente el 70% empleadas de hogar. Antes de la pandemia en la ciudad había más de 2.200 mujeres marroquíes dadas de alta como cotizantes a la Seguridad Social en ese régimen y el volumen de personas total que accedía a la ciudad para trabajar regular o irregularmente se estimaba en unas 8.000.
Casas también ha abordado con Pérez la posible creación de un nuevo Juzgado de lo Social en Ceuta, una medida que, de ser implementada, «representaría un avance para la justicia social en la ciudad autónoma» a ojos del Colegio de Graduados Sociales.
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