Éxito total en la presentación del libro “La Represión de la Posguerra” del melillense Miguel Platón

La presencia de figuras como Esperanza Aguirre y Federico Trillo añadieron relevancia al evento del colaborador de MELILLA HOY

En una concurrida presentación en el salón Príncipe del Casino de Madrid, el destacado colaborador del MELILLA HOY, Miguel Platón, presentó su éxito «La represión de la posguerra». Ante una audiencia rebosante de cerca de 250 personas, el ex presidente del Congreso de los Diputados y ministro de Defensa Federico Trillo ofreció una introducción brillante.

En un momento destacado, Trillo criticó la Ley de Memoria Histórica, subrayando la diferencia entre memoria (subjetiva) e historia (objetiva). Platón, respaldado por una exhaustiva investigación en archivos militares de Ávila, desafió las cifras convencionales sobre las ejecuciones de la posguerra, fijándolas en 15,000 en lugar de los 50,000 alegados sin base histórica.

La presencia de figuras como la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y ministra de Educación Esperanza Aguirre añadió relevancia al evento del escritor nacido en Melilla.

“La represión de la posguerra”

El acceso a documentos del Cuerpo Jurídico Militar que permanecieron inéditos hasta hace pocos años ha permitido a Miguel Platón el estudio de los expedientes de condenados a muerte que, a partir de 1939, fueron remitidos al Jefe del Estado, Francisco Franco, para que decidiera la ejecución o la conmutación de la pena capital.

En números redondos, durante la posguerra los tribunales militares condenaron a muerte a 30.000 personas, de las que fueron ejecuta-das la mitad, unas 15.000. Estas cifras son muy inferiores a las publicadas hasta ahora, ninguna de las cuales tenía soporte documental. Coinciden, sin embargo, con investigaciones locales rigurosas, como las efectuadas por la Generalidad de Cataluña y el Ayunta-miento de Madrid.

El factor determinante para establecer si un condenado era ejecutado o no era su responsabilidad en delitos de sangre, bien como autor material, bien como responsable directo de su inducción. Si no existía prueba suficiente de esa responsabilidad, la pena era conmutada. Por dicha razón fueron indultados la gran mayoría de los mandos del Ejército Popular de la República, los Comisarios Políticos, los miembros de los Comités revolucionarios, los espías o los guerrilleros. Las acciones de guerra no se consideraron actos criminales.

En la mayor parte de los casos, la pena capital era sustituida por la inferior en grado: reclusión perpetua, equivalente a 30 años. Gracias a sucesivos indultos, ningún condenado llegó a cumplir siquiera la cuarta parte.

Los consejos de guerra se caracterizaron por una generalizada falta de garantías, pero esta lacra fue matizada en parte por una Orden del propio Franco de enero de 1940, que estableció de oficio la revisión de todas las sentencias por parte de los auditores militares, juristas de profesión. Los auditores cuestionaron miles de sentencias y recomendaron la conmutación de casi la mitad de las condenas, criterio que salvo un puñado de casos —inferior al 2 por 1.000 del total— asumió el general Franco.

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