La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado este jueves las devoluciones sumarias –conocidas como devoluciones 'en caliente'– de migrantes en la frontera de Melilla a Marruecos y considera que son legales y no contrarias a los derechos humanos. La decisión de los 17 magistrados que conforman la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo se ha conocido este jueves en una vista pública. Este pronunciamiento de la Gran Sala del TEDH es opuesto a la sentencia inicial emitida por este mismo tribunal en octubre de 2017, cuando condenó a España por devolver a Marruecos a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014 al considerar que vulneró el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Dicha condena –que ahora ha sido revocada por el mismo tribunal– fue recurrida por el Gobierno español, un recurso que finalmente ha permitido la absolución de España. La Gran Sala del Tribunal sostiene que los dos migrantes optaron por no utilizar "el procedimiento legal" para entrar en territorio español y que su devolución es "consecuencia de su propia conducta". Según recalca el tribunal, ellos mismos se situaron "deliberadamente" en una "situación de ilegalidad" al cruzar la frontera por un lugar "no autorizado". Además de no utilizar los cauces legales de entrada, lo hicieron junto a "un grupo grande" y mediante "el uso de la fuerza", tal y como destaca el tribunal.
Regularizadas por ley
Las conocidas como 'devoluciones en caliente' fueron regularizadas en el 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la figura del 'rechazo frontera', que fue incluida en una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana. El PSOE, a su llegada a La Moncloa, continuó realizando este tipo de devoluciones de migrantes a Marruecos, alegando que se hace "en cumplimiento de la legislación vigente". Sin embargo, el tribunal europeo en el año 2017 condenó a España por expulsar de forma inmediata a un ciudadano de Mali y otro de Costa de Marfil (N.D. y N.T) a Marruecos, tras encaramarse a la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014.
El tribunal consideró entonces que se produjo una expulsión colectiva contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Por ello, condenó al Estado a indemnizar con 5.000 euros a cada demandante, representados por dos abogados colaboradores del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Gonzalo Boyé y Carsten Gericke.
Pero esta condena del TEDH fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo argumentario consistió en hablar de 'rechazos en frontera' porque los migrantes que saltan la valla hispano-marroquí no pisan suelo español hasta que no sobrepasen a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que la custodian.
A su llegada al Gobierno en 2018, el PSOE decidió mantener el recurso interpuesto por el anterior Ejecutivo del PP, a pesar de que los socialistas se comprometieron a paralizar las devoluciones sumarias. Es más, en 2015 los socialistas presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Seguridad Ciudadana –conocida como Ley Mordaza–, al igual que hicieron otros grupos de la oposición. El Tribunal de Garantías todavía no se ha pronunciado al respecto.
Entre los preceptos de la ley impugnados inicialmente por el PSOE está la disposición final primera que establece lo siguiente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Pese a esa postura inicial de los socialistas, el PSOE, al llegar al Gobierno en 2018, defendió la necesidad de esperar al pronunciamiento definitivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de suprimir esta práctica que, además, el Ministerio del Interior con Fernando ha admitido haber realizado con Fernando Grande-Marlaska al frente, alegando que se hacían "en cumplimiento a la legislación vigente".
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