España y Marruecos tenían previsto hablar en marzo del paso de Beni Enzar, pero se aplaza sine die

Los Gobiernos de España y Marruecos tenían prevista una nueva reunión sobre la aduana de Beni Enzar cerrada unilateralmente por Rabat en julio de 2018, el pasado 23 de marzo, pero 11 días antes el Gobierno marroquí decidió suspender las conexiones con España por la pandemia del Covid-19 y la reunión ha quedado "postpuesta sine die". Así lo explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, al diputado 'popular' Fernando Gutiérrez. El encuentro iba a reunir a la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y al director de la Aduana marroquí.

Ambos se habían reunido ya el 13 de septiembre de 2018 en Rabat y el grupo de trabajo creado para intentar encontrar una solución se ha reunido desde entonces en Málaga y en Tánger.

Sin embargo, ese grupo de trabajo sigue intentando "encontrar una solución global y duradera" que interese a ambos países para "optimizar el despacho comercial de mercancías por vía terrestre". El pasado noviembre, la directora de ese Departamento se reunió con la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) para informar a los empresarios de las reuniones y analizar la situación.

Después de esa reunión, CEME dijo no tener muchas esperanzas de que Marruecos reabra la aduana, porque su intención es potenciar el vecino puerto de Nador.

En su respuesta al diputado 'popular', el Gobierno también insiste en que "las relaciones bilaterales entre España y Marruecos son excelentes en todos los ámbitos y se basan en el diálogo, el respeto y el entendimiento mutuo" y que la cuestión de la aduana se ha suscitado "en todos los encuentros de alto nivel".

Por eso, confía en que "en el marco de las excelentes relaciones", se logre un acuerdo. Además, asegura que el Gobierno tiene como objetivo "el desarrollo y la prosperidad" de Ceuta y Melilla "y es consciente de la importancia del comercio", de manera que "no escatimará esfuerzos para favorecer su desarrollo".

Comisión Interministerial
No obstante, el PP ha insistido y, tras recibir esta respuesta, la semana pasada registró en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a crear una comisión interministerial que tome medidas "que garanticen la sostenibilidad de la vida en Ceuta y Melilla" ante la "sucesión de medidas de carácter unilateral" aplicadas por Marruecos en sus fronteras.

Los diputados Cayetana Álvarez de Toledo, Marta González y Fernando Gutiérrez ven un "evidente desequilibrio" en cómo España y Marruecos perciben su relación fronteriza.

En Melilla, dicen, pese al cierre fronterizo, los servicios sanitarios, escolares y de administración pública se ven "fuertemente sobrecargados y en ocasiones colapsados", por las atenciones a ciudadanos transfronterizos que, invocando principios de buena vecindad, acceden libremente a la ciudad reclamando la prestación de dichos servicios" y provocan "una importante sobrecarga".

Marruecos “relega” la buena vecindad
Así, afirman que mientras en España son "escrupulosamente contemplados" los principios humanitarios y de buena vecindad, en Marruecos son "relegados", con medidas que se toman "en el uso legítimo de su soberanía sin tener en consideración, al mismo tiempo, la necesidad de contribuir al mantenimiento de los niveles de sostenibilidad de vida en las ciudades de Ceuta y Melilla", tal como "cabría esperar de una adecuada interpretación de los Acuerdos de buena vecindad" entre los dos países.

Por eso, en primer lugar, quieren que el Congreso inste al Gobierno a pronunciarse sobre las medidas adoptadas de forma unilateral por el Gobierno de Rabat. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y las considera ciudades ocupadas.

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