El Tribunal Europeo de Estrasburgo (TEDH) ha pedido al Gobierno de España que le informe sobre el procedimiento de rechazo en frontera que realiza en el perímetro fronterizo de Melilla, a raíz de que este organismo haya admitido las denuncias de dos inmigrantes subsaharianos que intentaron entrar de forma irregular a nuestra ciudad el 13 de agosto del año pasado y fueron entregados a las autoridades marroquíes tras pasar varias horas encaramados en la zona alta de la alambrada.
Según publicó ayer eldiario.es, es la primera vez que España tendrá que responder por sobre las denominadas devoluciones en caliente, ya que esta práctica está prohibida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El citado portal digital informó ayer de que estas denuncias corresponden a N.D. y N.T,. dos inmigrantes de Mali y Costa de Marfil, respectivamente, que acudieron al TEDH para denunciar la devolución en caliente de la que fueron objeto el pasado 13 de agosto, según su testimonio. Con el apoyo de los abogados colaboradores del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Gonzalo Boye (España) y Carsten Gericke (Alemania), expusieron a la corte que lograron superar parte del entramado fronterizo y aguantaron horas subidos a la valla más próxima a la ciudad autónoma, en territorio español. Pero tras horas en lo alto, los dos ciudadanos subsaharianos terminaron bajando de la valla por la escalera que les suministró la Guardia Civil y los agentes los entregaron a las fuerzas marroquíes, sin que los identificaran u ofrecieran el acceso a un abogado o un intérprete, como marcaba la Ley de Extranjería vigente en ese momento.
Según denuncian, fueron expulsados a Marruecos y las fuerzas marroquíes los llevaron primero en autobús hasta Nador y, más tarde, hasta la ciudad de Fez. También aseguran que fueron torturados al otro lado de la valla.
Ya está siendo investigado
El TEDH ha estudiado las demandas y, aunque ha desestimado la que hace referencia a la tortura, ha pedido explicaciones de España sobre los hechos antes de responder sobre si admite o no la denuncia en cuanto a la expulsión colectiva y la vulneración del derecho a un recurso efectivo.
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