Equo Melilla presentará ante la Justicia una denuncia por una presunta lidia privada ilegal en la plaza de toros

Equo Melilla asegura que según la información que corre por las redes sociales todo indica que podría haber existido una lidia con los toros sobreros de la corrida del pasado mes de septiembre. En las imágenes, explican que se puede apreciar la plaza de toros completamente vacía, con los focos encendidos y unas personas realizando la faena con toros de lidia. El partido se pregunta quién ha permitido la realización de una fiesta taurina privada “para unos cuantos, en unas instalaciones públicas y con unos toros pagados por la Ciudad”. Equo Melilla se pregunta si el espectáculo taurino privado ha tenido permiso gubernativo y todos los requisitos que son necesarios para realizar una corrida, como presencia de la autoridad, de veterinarios, de equipo médico-quirúrgico, de las Fuerzas de Seguridad y de Presidencia.
“Se desconoce también si las personas que realizaron la faena son profesionales taurinos dados de alta en la especialidad correspondiente de matadores de toros”, exponen.

Delito de maltrato animal
En el caso de no tratarse de un espectáculo taurino y ser una simple diversión de amigos, quieren saber qué trato se les dio a los animales y si se les dio muerte y cómo, ya que, en ese caso, esa actividad “no estaría recogida en la Ley de espectáculos taurinos, pudiendo estar incurriendo en un presunto delito de maltrato animal según el Código Penal”.

Ante esta situación, el partido indica que no sabe cuántas veces se ha producido este hecho, porque todos los años se transportan para la corrida de toros de Melilla dos toros sobreros por si fueran necesarios para sustituirlos por otros en el transcurso de la corrida.

Además, les resulta “especialmente extraño” que la oposición no realice ninguna denuncia pública tratándose de periodo electoral, por ello, pedirán también a la Justicia que realice un seguimiento del destino los toros sobreros de años anteriores.

Equo Melilla cree que este hecho puede ser “muy grave”, por las implicaciones que pudiera haber, “no sólo de un presunto maltrato animal, sino de utilización de una propiedad pública para actos privados, falta de permisos administrativos, falta de seguridad ante una contingencia o incluso por la presencia de menores”.

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