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Economía Opinión

Entendiendo al Estado (II)

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Pedro Sánchez en el congreso de los diputados

¿Es necesario el Estado?

Si bien se podría argumentar que el mercado es capaz de producir bienes y servicios de una manera más eficiente que el Estado, eso no implica que el Estado sea prescindible. De hecho, la muestra evidente de que la anarquía no constituye una alternativa real reside en que todo lugar en el mundo se encuentra gobernado. La destrucción de los Estados y la instauración de una anarquía global daría pie a la anteriormente mencionada “teoría de la superestratificación”.

Que el Estado sea necesario no quiere decir tampoco que tenga que estar presente en todo ámbito de nuestra vida cotidiana. Así, será importante limitar su poder.

Para limitar su poder, una separación de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial es imprescindible. A su vez, la descentralización y la competencia entre instituciones públicas será necesaria para garantizar que los recursos de los ciudadanos se emplean de manera adecuada y en concordancia con lo prometido durante la etapa electoral.

Finalmente, el Estado debe entender que sus intereses particulares les impide proporcionar bienes y servicios de una mejor manera que el mercado. Los procesos productivos no solo son complicados, sino también requieren de cambios constantes para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos. Si una empresa privada no logra adaptarse, acabará desapareciendo. Por el contrario, si es una empresa estatal la que no consigue adaptarse a los nuevos cambios, esta podrá seguir operando con cargo al resto de contribuyentes. La empresa estatal, por tanto, no tiene ningún incentivo para modernizarse e introducir cambios que la mantengan viable, ya que estos cambios pueden tener importantes consecuencias electorales.

El papel de Estado en la economía

El sistema capitalista está basado en la división del trabajo. Esta trae consigo un aumento de la productividad que permite a los agentes económicos atender a sus necesidades de consumo presente a la vez que ahorrar para el consumo futuro. Ese ahorro permite la acumulación de capital, que se acaba traduciendo en un aumento de la inversión, que a su vez contribuye a aumentar aún más la productividad. La diferencia en la riqueza de los países se debe a la acumulación de capital. El principal problema es que estos resultados solo son posibles cuando existen derechos de propiedad, incentivos para la producción, y ausencia de privilegios. 

Para que estas reglas existan hace falta una institución que las imponga y fuerce su cumplimiento, es decir, necesita de un Estado que establezca unas normas comunes y garantice su cumplimiento. A su vez, hará falta que las instituciones informales permitan una adaptabilidad eficiente de estas reglas formales.

Las instituciones, por tanto, cumplen un papel determinante en el proceso productivo y en el desarrollo económico de un país. Los ciudadanos de países en los que los derechos de propiedad no estén claramente estipulados, no tendrán incentivos para aumentar la producción, ni introducir mejoras técnicas en los procesos productivos, ni invertir sus ahorros en proyectos futuros. Los ciudadanos de países en los que los contactos políticos y los privilegios funcionan como ascensor social, verán sus oportunidades de crecer y desarrollarse tremendamente limitadas en favor de un sector inmovilista que defenderá sus privilegios con “puño de hierro”.

Conclusión

La economía necesita de instituciones que establezcan un marco jurídico favorable a la producción y la introducción de innovaciones, aunque estas amenacen el ‘status-quo’. Ahondar en los beneficios que otorga la división del trabajo es complicado con instituciones “extractivas” que limiten o impidan la propiedad privada y entorpezcan cualquier avance. Para ello es necesario que el poder del Estado esté limitado. El poder del Estado se puede limitar mediante una separación de poderes real y mediante una descentralización que incentive a los políticos a usar los recursos de una manera eficiente. A su vez, el Estado debe entender sus limitaciones a la hora de proveer bienes y servicios, dejando esta tarea en manos de sus ciudadanos.

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