El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), Enrique Alcoba Ruiz, ha participado este lunes, de forma telemática, en el Comité Ejecutivo «extraordinario y de urgencia» de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), convocado por su presidente Antonio Garamendi, para «abordar la situación de España». Enrique Alcoba se ha sumado a las críticas realizadas por la patronal española, que alerta del «grave menoscabo» de los pactos de investidura a la seguridad jurídica e imagen de España, además de advertir que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado y prevé un deterioro de la imagen del país en el exterior.
CEME de Melilla ha informado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha advertido este lunes del «grave menoscabo» que los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, y ha alertado sobre «la fragmentación y el debilitamiento institucional» que está sufriendo el país.
Según ha apuntado la organización que preside Enrique Alcoba, la CEOE ha advertido de que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es «piedra angular de la Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de la convivencia del país».
Asimismo, la patronal ha alertado de que se está creando un clima de negocios «cada vez más complicado», en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo.
A ello se añade también, según la patronal, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de la imagen de España en el exterior, claves para la competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española.
En este punto, el Comité Ejecutivo de CEOE ha defendido también el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad y, en todo caso, ha insistido en que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, «empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica».
En la reunión se ha puesto de manifiesto que, mientras se centra el debate público en cuestionar principios asentados en el ordenamiento jurídico o se plantean políticas económicas que «cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas», se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que sigue reclamando la UE y que no admite demora si se quiere garantizar la sostenibilidad del Estado.
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