Representantes de Emvismesa y Unicaja firman un convenio para apoyar a jóvenes.
La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (Emvismesa) ha anunciado que ya está operativo en todas las sucursales de Unicaja el convenio firmado el 16 de septiembre para que los interesados puedan acudir a informarse y solicitar acogerse al programa de ‘Aval Vivienda Melilla Joven’.
Junto al convenio firmado el pasado 12 de enero con la entidad bancaria Cajamar, y que entró en vigor el mismo día, son ya dos las entidades bancarias que permiten a los menores de 40 años conseguir un aval del 15 por ciento de las hipotecas.
La medida se inscribe dentro del programa ‘Melilla Joven’ para favorecer la emancipación social de los jóvenes y dinamizar la economía y, para ello, cuenta con una partida de tres millones de euros aportados por Emvismesa.
La sociedad pública presentará una garantía por valor de un 15%, y por una cuantía máxima de 30.000 euros del importe de la vivienda con sus anejos, que sea objeto de compra en el momento de formalizar un préstamo hipotecario.
Entre los principales requisitos para solicitar el aval destacan que el precio de la vivienda con sus anejos no puede ser superior a 250.000 euros, debe destinarse a la residencia habitual de los solicitantes durante, al menos, los tres siguientes años a la firma del préstamo hipotecario.
Las solicitudes para acogerse a este convenio en el momento de solicitar un préstamo hipotecario se presentará en el propio banco, que se encargará de su tramitación ante Emvismesa.
La vivienda a comprar puede ser pública o privada, y se podrán beneficiar residentes en Melilla de hasta 40 años de edad que lleven empadronados en Melilla los dos años anteriores a la presentación de la solicitud en la entidad bancaria.
No se establecen requisitos de ingresos mínimos ni máximos en los solicitantes.
Los solicitantes no pueden ser propietarios de otra vivienda. No obstante, sí podrán acceder al programa los titulares de un derecho de propiedad o de un derecho real de uso o disfrute cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda que no sea igual o superior al 50 por ciento, o en los casos de sentencia judicial de separación o divorcio cuando, como consecuencia de esta, no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar.
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