El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Melilla ha elevado al Tribunal Supremo la causa abierta al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, tras las denuncias interpuestas por el ex diputado del PPL Julio Liarte y el abogado Emilio Bosh contra los convenios de publicidad de la Ciudad con los medios de comunicación de Melilla, por una supuesta prevaricación administrativa. El Magistrado Juez que lleva la causa ha tomado esta decisión a pesar de que tanto la Fiscalía como el Tribunal de Cuentas no ven indicios de delitos, según han apuntado a este periódico, e incluso el informe de la Guardia Civil señale que no sólo no se incurrió en ninguna ilegalidad, sino que se ahorró dinero a la Ciudad con estos convenios al conseguir una mayor inserción publicitaria de actos públicos, por una cantidad fija. En los círculos de la Ciudad Autónoma, ha llamado la atención que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla haya decidido seguir con esta causa a pesar de que la Fiscalía no vea indicios de delito, algo fundamental al tratarse de una presunta prevaricación administrativa, con dinero público.
También se ha subrayado como reseñable el hecho de que el Magistrado Juez haya elevado la causa al Tribunal Supremo a pesar de que el Tribunal de Cuentas ya dijera que los convenios de publicidad de la Ciudad Autónoma son legales.
Asimismo apuntan que se haya tomado esta determinación pese al informe realizado por la Guardia Civil, en el que no sólo se apunta la legalidad de estos convenios, sino que además se ponía de manifiesto que éstos han servido para ahorrar dinero a la Ciudad Autónoma, ya que ésta tenía que pagar una cantidad fija por un gran número de inserciones publicitarias de actos públicos o de interés para la Ciudad, que de haberlos abonado por unidad, la cantidad hubiera sido mayor.
A mes y medio de las elecciones Generales
Las citadas fuentes también han puesto el acento en que esta decisión de elevar la causa al Tribunal Supremo, de las denuncias interpuestas por el ex diputado del PPL Julio Liarte y el abogado Emilio Bosh, "afín al PSOE", no en vano fue concejal de este partido, se haya adoptado cuando falta mes y medio para las Elecciones Generales, donde Juan José Imbroda está previsto que sea el candidato al Senado.
En este sentido, recuerdan que también ocurrió algo similar en las pasadas elecciones autonómicas cuando se llevó al Supremo el llamado "caso abogados", aunque después de unos meses desde la imputación hasta el juicio, todo quedó en nada porque Imbroda resultó absuelto del delito de prevaricación administrativa.
En esta ocasión, subrayan, el tiempo para que esto se resuelva podría coincidir o superar la fecha del 20 de diciembre, por lo que apuntan un posible perjuicio a Imbroda de cara a las elecciones generales.
En cualquier caso, ahora habrá que esperar a ver qué hace el Supremo y si acepta la causa, aunque desde los círculos del Gobierno confían en que todo quede de nuevo en nada, teniendo en cuenta además en cuenta los factores claves de que la Fiscalía, el Tribunal de Cuentes y la Guardia Civil sostengan que no hay indicios de delito en los convenios de publicidad de la Ciudad Autónoma con los medios de comunicación.
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