La exconsejera de Educación de la Ciudad Autónoma de Melilla, Elena Fernández Treviño (PSOE), ha defendido la legalidad en el contrato del programa de reposición de libros de texto de la ciudad después de que haya declarado como investigada junto con otros dos exconsejeros por presuntas irregularidades en el mismo.
En rueda de prensa, la actual directora provincial de Educación ha asegurado que el procedimiento de subvenciones que empleaba durante su época como consejera de Educación se rige por “un procedimiento legal de principio a fin y sin ningún problema en absoluto”.
Este programa, según ha explicado, provee de libros de texto a “alumnado vulnerable” y, para ello, los distintos centros educativos deben remitir al Gobierno melillense un informe de necesidad con el número de ejemplares que necesitan.
La Consejería de Educación les concede una determinada cuantía económica conforme a dicha necesidad y, posteriormente, conforme a la factura que les llega de las librerías con el nuevo de ejemplares que han solicitado.
“Ese es el papel de la Consejería”, ha resumido, explicando que para ajustarse a un procedimiento “más justo”, los centros educativos solicitaban tres presupuestos a las librerías cuando acabó el procedimiento de subvención.
“El problema era que los centros públicos no tiene capacidad para contratar en capítulo dos por encima de un contrato menor, y la cuantía de las subvenciones era, en muchos casos, superior”, ha explicado, asegurando que “nunca” hubo un problema al respecto.
“Ni teníamos un informe del Tribunal de Cuentas, ni del Interventor General del Estado. Absolutamente nada de problemas en cuanto a la forma de proceder de este programa de reposición de libros que se había ejecutado en las dos últimas décadas igual”, ha aseverado.
Aun así, y tras una reunión con el Ministerio de Educación, decidieron “sacar de la ecuación” a los directores de los centros educativos y que sea la propia administración la que ejecutara el contrato mayor y adjudicara directamente a las librerías “dentro de lo que nos permite la ley” y “pensando en el tejido productivo de la ciudad”.
Ese contrato mayor, ha proseguido, se divide en lotes para que puedan participar las librerías de la ciudad, “que les viene genial la capacidad de optar a este tipo de procedimientos abiertos en legalidad y concurrencia competitiva”.
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