El TS rechaza anular la sentencia por la que solo puede haber electos en los gobiernos de Melilla y Ceuta

El Tribunal Supremo ha rechazado el incidente de nulidad que presentó la Ciudad Autónoma de Ceuta ante la sentencia del Tribunal Supremo que señalaba que los viceconsejeros debían ser miembros electos de la Asamblea, fallo judicial que también afectó a Melilla, obligando al cese de seis miembros del Gobierno que no eran diputados. Según ha informado UGT Ceuta, el “incidente de nulidad” presentado por el Gobierno caballa donde solicitaba la anulación de la sentencia del Supremo sobre la constitución del Gobierno autonómico ha sido rechazado y por tanto se mantiene la prohibición de nombrar miembros del Ejecutivo no electos.
Según ha recordado UGT, el Gobierno recurrió la sentencia del Supremo que avalaba la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2017 que declaró nulo el nombramiento de una viceconsejera del Gobierno de Ceuta que no era diputada y que obligaba ahora a cesar a los cargos no electos de Ceuta y Melilla. Algo que se ha producido ya en ambas ciudades.

Siete cargos afectados
La Sección IV de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el incidente de nulidad presentado por el Ejecutivo ceutí, que entendía que la sentencia del 6 de noviembre relativa a que tanto los consejeros como los viceconsejeros tenían que ser miembros electos infringía el principio de igualdad por aplicar “indebidamente” el artículo 140 de la Constitución a la Ciudad de Ceuta.
En el caso de Ceuta, la decisión afectó a siete cargos y Vivas decretó el cese de los siete viceconsejeros afectados además de llevar a cabo una reestructuración del organigrama del Gobierno, reubicando a seis de los mismos, dos como directores generales y otros cuatro como asesores delegados del Gobierno, faltando únicamente una de las viceconsejeras cesadas.
En Melilla fueron cesados seis miembros, tres consejeros y tres viceconsejeros, que de momento no han sido recolocados en ningún puesto, lo que obligó a llevar a cabo una reestructuración del Ejecutivo local.

Nuevo varapalo
Por su parte, desde UGT, como promotores de esta sentencia al judicializar el nombramiento de Adelaida Álvarez como viceconsejera de Empleo cuando esta no era diputada de la Asamblea, han considerado que esta resolución supone un nuevo “varapalo” para el Gobierno local. Además, desde el sindicato añaden que la sentencia del Supremo es “clara y rotunda”, lamentando que las “ingentes retribuciones cobradas de forma ilícita” por los cargos no electos “no tengan que ser devueltas”.
“El Gobierno de la Ciudad una vez más hace el ridículo al pretender oponerse a lo que es una realidad evidente. Que solo se puede ser miembro del Gobierno de la Ciudad siendo concejal”, ha criticado Antonio Ramírez, responsable de FeSP-UGT, que también ha señalado que desde la UGT esperan “poder seguir reduciendo la cohorte de altos cargos”. Además, afea al Gobierno que gaste en cargos de confianza “en lugar de invertir en plantilla en beneficio de los ciudadanos”.
“La sentencia de los viceconsejeros era clara y rotunda y el incidente de nulidad que pretendía el Gobierno ha quedado desmontado por el Tribunal Supremo”, apostilla Ramírez para añadir: “Lo único que lamentamos es que las ingentes retribuciones cobradas de forma ilícita por todos estos cargos no electos no tengan que ser devueltas por los que las han percibido, o en su caso por el bolsillo particular de los que han ido realizando estos nombramientos”. Asimismo, el ugetista avanza que están “estudiando acciones legales que se puedan realizar en base a la Sentencia del Supremo que dejó meridianamente claro la actuación fraudulenta del Gobierno”.

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