El magistrado del Tribunal Supremo que instruye el ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, ha acordado seguir investigando al menos seis meses más destacando que todavía está pendiente de que la policía analice «el muy significativo volumen de material intervenido a los investigados en el curso de las entradas y registro e intervenciones telefónicas».
En un auto de este miércoles, recogido por Europa Press, el instructor prorroga hasta el 8 de marzo de 2026 la causa, en la que investiga, entre otros, al exministro José Luis Ábalos, al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exasesor ministerial Koldo García o al empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de obra pública.
En la resolución, el magistrado deja claro que el análisis de los dispositivos incautados podría dar lugar «a la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación». El instructor apuntó recientemente que la totalidad de los aparatos intervenidos albergan una información que «supera los 10 terabytes», lo que equivaldría a «65 millones de páginas» en caso de ser volcada por escrito.
Pero, además, el magistrado destaca que «el resultado de las diferentes testificales y periciales» practicadas en las últimas semanas, entre ellas las de varios empresarios presuntamente vinculados a la trama, «pudieran dar lugar igualmente a la necesidad de practicar nuevas diligencias».
En esta línea, el instructor apunta a la «necesidad de recabar y analizar el conjunto de expedientes administrativos relativos, al menos, al proceso de licitación y adjudicación de las obras identificadas» por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En las últimas semanas, el magistrado también ha recibido una serie de información. La última, este martes, la obtuvo de la Hacienda Foral de Navarra, y detalla la información tributaria de Santos Cerdán, de Servinabar 2000 y de Joseba Antxón Alonso, administrador de la misma y vinculado con el exsocialista. Los investigadores tienen que aportar al instructor un informe en el que analicen todos esos datos.
Este mismo martes, Leopoldo Puente también unió a la causa dos informes remitidos por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) relacionados con supuestas «irregularidades» referentes, por una parte, al sobrecoste de un millón de euros en una obra impulsada por Fomento y Adif en Albal (Valencia) y, por otra, a la ausencia de la aprobación de las cuentas en diversos ejercicios de la fundación Fiadelso.
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