El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno una regulación más estricta para las subvenciones al transporte marítimo que vincule las bonificaciones a la renta

El Tribunal de Cuentas ha sugerido revisar las normativas de subvenciones al transporte marítimo de residentes no peninsulares para evitar beneficios indebidos. Propone limitar las ayudas según la renta, número de viajes o tarifas máximas bonificables. La recomendación surge tras el informe de fiscalización de las subvenciones y apoyo al transporte marítimo durante 2023, financiado por los Presupuestos Generales del Estado.

En 2023, la Dirección General de la Marina Mercante destinó 227 millones de euros para financiar 8,6 millones de viajes bonificados. La bonificación cubre el 75% del coste de los billetes de barco para residentes en Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares en sus desplazamientos hacia y desde la península. El Tribunal de Cuentas señala que durante el periodo fiscalizado no existían criterios para limitar las bonificaciones en cuanto al número de viajes, tarifas o categoría de acomodación. Tampoco se especificaban los conceptos del precio del billete que podían ser bonificables.

El Tribunal de Cuentas también menciona diferencias significativas en los importes bonificados, dependiendo de si los billetes corresponden a acomodaciones de categorías superiores o económicas. Esto podría beneficiar a residentes con mayor capacidad económica. Adicionalmente, se ha observado que algunas tarifas elevadas incluyen servicios ajenos al transporte, como restauración, que no aparecen en los billetes.

Además, el Tribunal advierte que los créditos presupuestarios son insuficientes para financiar las bonificaciones, obligando al Gobierno a recurrir a ampliaciones de crédito. Como medida correctiva, se recomienda al Gobierno elaborar una nueva regulación que sea más estricta respecto al concepto de residencia, para evitar que se beneficien personas empadronadas que residen habitualmente en la península.

El Tribunal propone excluir o limitar las bonificaciones para billetes de categorías superiores o de lujo. También se ha detectado un «control insuficiente» en la aplicación de tarifas máximas pactadas, lo que llevó a excesos en las bonificaciones. La Dirección General de Marina Mercante ha iniciado procedimientos administrativos de reintegro a dos navieras por excesos en 331.074 embarques de 2023, con un monto de 1,14 millones de euros. Además, se revisarán liquidaciones de ejercicios anteriores para detectar posibles cobros indebidos.

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