El Tribunal de Cuentas está investigando un supuesto caso de incompatibilidad por parte del consejero de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor, Mohamed Ahmed Al-lal, ya que, presuntamente, podría haber compaginado su cargo como miembro del Gobierno y con su condición de administrador solidario de una empresa informática. La Ciudad Autónoma ha pedido que el caso se archive, pero ni el Ministerio Fiscal ni el propio Tribunal de Cuentas ven razones para ello y quieren seguir adelante con este procedimiento, que ha sido elevado a la Sección de Enjuiciamiento.
El auto, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, fue emitido hace dos meses y en él, el Tribunal de Cuentas ordena que se nombre un Delegado Instructor para que éste lleve a la práctica diferentes actuaciones “a fin de que se investiguen” una serie de hechos.
El primero, “si han existido o no los pagos irregulares a que se refiere el escrito del Ministerio Fiscal en concepto de retribuciones al Diputado Concejal o en virtud de contratos con la sociedad mercantil de la que este era administrador”.
“En caso de que se hubiesen producido pagos irregulares por este último concepto, si dichos pagos han causado o no daño a los fondos públicos atendiendo a la contraprestación que hubiera podido percibir la Ciudad Autónoma”, agrega el Tribunal de Cuentas como segundo hecho que quiere investigar.
Por último, en caso de que “se confirmase la existencia de pagos irregulares y determinantes de daño para los fondos públicos”, el Tribunal de Cuentas ordena que “se identifique a las personas que, actuando en la gestión de los fondos públicos de la Ciudad Autónoma, hayan realizado dichos pagos y se determine si concurren o no en la actuación de dichas personas todos los requisitos legalmente exigidos para la existencia de responsabilidad contable”.
El origen de este caso que ahora investiga el Tribunal de Cuentas se remonta a varios meses atrás, cuando un ciudadano particular presentó una serie de denuncias ante la Ciudad Autónoma y diferentes organismos públicos, alertando de que Mohamed Ahmed podría estar compatibilizando su cargo público como miembro del Gobierno (primero como viceconsejero de Tecnologías de la Información y después como consejero de Distritos) con su condición de administrador solidario de una empresa informática de la ciudad, que, al parecer, era su trabajo anterior antes de entrar al Ejecutivo melillense.
La Ciudad Autónoma abrió un expediente informativo que pasó por diferentes funcionarios y departamentos de dicha administración, que fue archivado después de que Mohamed Ahmed presentara un acta de la Junta Universal de Socios de la empresa de la que era administrador solidario, celebrada el 30 de julio de 2019, según la cual se aprobó su renuncia a ese cargo, 25 días después de haber tomado posesión como viceconsejero.
Sin embargo, en una denuncia ante la Asamblea en noviembre de 2020, el denunciante desmiente dicha información: “según el Registro Mercantil esto es completamente incierto y, por tanto, a todos los efectos legales sigue siendo propietario del 50% de las participaciones y administrador solidario de la empresa”.
Este caso da ahora un nuevo giro con la intervención del Tribunal de Cuentas, en cuyo auto apunta: “La denuncia del Ministerio Fiscal parte de que el Diputado Concejal a que se refieren los hechos ‘se colocó a sí mismo en una situación manifiesta -el Diputado era administrador de una empresa dedicada a la tecnología informática mientras era Viceconsejero de Tecnología de la Información- y no declarada de incompatibilidad ininterrumpida durante más de cuatro años’, lo que podría haber ocasionado daños a los fondos públicos de la Ciudad Autónoma ‘por la vía de los fondos indebidamente percibidos por cualquier concepto de la Ciudad por la sociedad mercantil de la que era administrador y partícipe, o por la de las retribuciones percibidas por su desempeño del cargo público con una supuesta dedicación exclusiva que no observaba’”.
Asimismo, indica que “el Ministerio Fiscal, a la vista de las alegaciones de la Ciudad Autónoma solicitando el archivo de las actuaciones, ha ratificado su solicitud de nombramiento de Delegado Instructor”. El Tribunal de Cuentas coincide con la Fiscalía porque, como recuerda, “el archivo exige que los hechos no reúnan las características que permiten, en una valoración inicial, apreciar la existencia de un presunto alcance de fondos o caudales públicos”.
En este caso, apunta el auto del Tribunal de Cuentas, no se dan los supuestos para archivar las actuaciones y, por ello, ha dispuesto “elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un Delegado Instructor, para la práctica de las diligencias previstas en el artículo 47.1 de la Ley 7/1988”.
El Tribunal de Cuentas indica que, de este modo, busca “procurar un mayor esclarecimiento de los hechos, y sin que ello suponga en absoluto prejuzgar ahora la existencia o inexistencia de responsabilidades contables”.
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