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Un trabajador del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confesó en junio de 2013 que llevaba dos años apropiándose de parte del dinero público que este organismo gestiona para políticas activas de empleo. El caso fue muy sonado entonces, cuando este funcionario dijo que se había llevado alrededor de 30.000 euros. El Tribunal de Cuentas (TCu) eleva esta cuantía detraída a 140.665,57 euros, según un edicto de esta institución publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La directora provincial del SEPE en Melilla, Esther Azancot, confirmó a MELILLA HOY que el caso al que se refería este edicto era precisamente al de este trabajador, que ocurrió en la etapa de su antecesor, Antonio Vázquez, el cual denunció el caso ante la Policía Nacional cuando el empleado confesó lo ocurrido. Éste fue detenido por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque horas más tarde fue puesto en libertad con cargos y siguió trabajando en el SEPE, aunque en otro puesto diferente, dada la ausencia de un pronunciamiento de la Justicia pese a que había confesado por escrito todas las transacciones de dinero público que presuntamente había realizado a sus cuentas desde el año 2011.
El edicto del Tribunal de Cuentas publicado ayer en el BOE concreta que estos movimientos produjeron “un posible descubierto en los fondos públicos por importe de 140.665,57 euros”. Ello, “como consecuencia de las cantidades detraídas de la Dirección Provincial del SEPE en Melilla […] desde julio de 2011 hasta marzo de 2013”. Y señala como autor al “habilitado” de esta institución para gestionar dichos fondos, una responsabilidad de la que fue apartado inmediatamente después de su confesión.
A raíz de este caso, el TCu abrió un procedimiento de reintegro, por el cual reclama la devolución del dinero “entre otras cosas”, explicó ayer Azancot a este Diario. El TCu informa además en este edicto que se abre un plazo de nueve días para que se personen ante el tribunal “los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable”, dado que este caso va a ser enjuiciado. Según indicó Azancot, se refiere al empleado que confesó haberse apropiado del dinero o su defensa y no al SEPE. “Esto no tiene nada que ver con nosotros”, aclaró.
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