El TCU llama la atención a la Ciudad por el retraso en el pago de facturas a proveedores

El Tribunal de Cuentas (TCU) acaba de emitir su informe de fiscalización sobre el ejercicio económico de la Ciudad Autónoma de 2014. A lo largo de sus 70 páginas, más otras 80 de anexos, el órgano fiscalizador da varios tirones de orejas a la Administración melillense con observaciones similares a las emitidas en años anteriores, entre ellas el retraso con el que paga las facturas a proveedores y autónomos. En 2014, más de la mitad de las facturas estaban pendientes de pago fuera del plazo establecido de tres meses por la Ley 15/2010, porcentaje muy por encima de los tres años anteriores, cuando el retraso afectaba a alrededor de una cuarta parte. El TCU reseña en su informe que en la primera mitad de 2014, el número de facturas que estaban pendientes fuera de plazo se disparó por encima de los dos tercios sobre el total pendiente. En concreto, 1.302 facturas en el primer trimestre de 2014, que supone un 72%, y 952 facturas en el segundo trimestre, que abarcan el 70%. En la segunda mitad, las cifras fueron muy similares pero el porcentaje sobre el total pendiente disminuyó respecto a lo ocurrido de enero a junio: 1.300 facturas, que fueron el 59% sobre el total pendiente en el tercer trimestre, y 1.164 facturas en el cuarto, es decir, un 49%.
El órgano fiscalizador se centra en lo ocurrido en el último trimestre de 2014 para comparar la evolución de este problema respecto a años anteriores, lo que permite observar que el número de pagos pendientes que habían excedido el periodo legal disminuyó en número, si bien el porcentaje que representaba sobre el total pendiente aumentó significativamente. Así, en el cuarto trimestre de 2011 fueron un 18% las facturas, mientras que en 2012 fueron el 23% y en 2013, el 27%.
El periodo medio de pago de la Ciudad Autónoma, según el TCU, fue de 40 días al final del año 2014, mientras que el periodo de pago excedido se elevó a 77 tras conseguir recuperarse respecto a lo sucedido en el tercer trimestre de aquel año, en el que ese plazo medio de pago excedido fue de 102 días.
Todo ello, a pesar de que la Ciudad Autónoma pudo haberse acogido al Real Decreto 5/2009 de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, para el que el Gobierno destinó 9,5 millones de euros con un plazo de seis años. Melilla sólo se acogió a la primera fase, no así a la segunda y tercera, que salieron en 2013, “a pesar de exceder el periodo medio de pago de las obligaciones, referido a los tres primeros trimestres del año 2012, el plazo previsto en la Ley 15/2010”, señala el TCU.

Cuentas fuera de plazo
Este informe de fiscalización del TCU sobre Melilla corresponde a las cuentas de 2014, año en el que la Ciudad Autónoma manejó un presupuesto de casi 243,5 millones de euros, de los cuales 237,1 millones correspondieron a la propia Ciudad y el resto, a sus organismos autónomos, entes públicos y sociedades mercantiles.
El pago de facturas a proveedores no es el único retraso en el que incurre la Ciudad Autónoma, según el informe del TCU. En él, destaca que la Administración local rindió las cuentas generales fuera de plazo legal correspondiente, con “inexistencia o falta de concreción de determinada documentación” que debe llevar anexa, y hace especial hincapié en la gestión económica de las sociedades públicas.
Así, indica que no se ha incluido en la Cuenta General las cuentas de Emvismesa, que fueron formuladas inicialmente el 19 de junio de 2015 y, posteriormente, objeto de reformulación para posibilitar la introducción de cambios en uno de los criterios contables. Además, se ha omitido información prevista en la Instrucción de Contabilidad, en la Memoria integrante de las cuentas anuales del Patronato de la UNED, el Patronato de Turismo, el Instituto de las Culturas y de la Fundación Melilla Ciudad Monumental.
El TCU recoge en el informe fiscalizador que es necesario llevar a cabo las recomendaciones que ya figuraban en informes pasados porque, de momento, ha habido un “insuficiente grado de implantación” de las mismas. No obstante, matiza que “se han apreciado avances” en diversas cuestiones.
Con carácter general, también se expone en el documento que las cuentas, a pesar de haberse presentado tarde y con “salvedades y observaciones sobre las mismas”, lo hicieron de acuerdo con los principios y las normas contables definidos en los planes de contabilidad.
El órgano fiscalizador pone en relieve otras conclusiones, como que se reconocieron obligaciones por valor de 163.000 euros a favor de una empresa prestadora de servicios que no se encontraban sustentadas en contratos en vigor. También expone que los puestos de Secretario General de la ciudad, Interventor y Tesorero no estaban cubiertos por funcionarios tal y como se señala en la ley reguladora de las Bases de Régimen Local.

Falta de control financiero
Por otro lado, afirma que no se realizó ningún informe de control financiero ni de eficacias sobre la Administración central de la ciudad ni sobre sus organismos autónomos. También apunta que se realizaron “ajustes” en el resultado presupuestario por “desviaciones de gastos” que “no pueden considerarse precisos” por las “deficiencias” en el sistema de control de dichos gastos.
En cuanto a estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el documento del órgano fiscalizador refleja la verificación de la existencia de superávit y un nivel de deuda acorde con la legislación de las haciendas locales.
Con todo, el Tribunal de Cuentas insta a la ciudad a mejorar en materia de rendición de cuentas con recomendaciones que ya aparecían en el informe del año 2013 como la necesidad de implantar más mejoras y, especialmente, una aplicación “más estricta” del procedimiento administrativo para la tramitación de los diferentes expedientes de gastos y los correspondientes documentos contables.
Aun así, este año se continúan viendo “avances” en esta materia, concretamente en cuestiones tales como la confección y actualización del inventario de bienes o los procedimientos de gestión y recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).

Recomendaciones
Entre las recomendaciones que el TCU hace a la Ciudad Autónoma, destaca la necesidad de “proceder a elaborar los presupuestos con mayor rigor para evitar las desviaciones entre el presupuesto aprobado y el ejecutado, hecho que desvirtúa el valor del mismo como instrumento de planificación de la actividad”.
También pide “ahondar en la tarea de actualizar el inventario de bienes, para que ofrezca información completa y basada en criterios objetivos de valoración” y “analizar la necesidad de contar con 61 cuentas bancarias diferentes”, ya que “su reducción podría fomentar un manejo más económico de los recursos financieros y una mayor posibilidad de control”.

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