El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha imputado al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, le ha citado para declarar el próximo 30 de junio y ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar su patrimonio, tras el informe que le sitúa como epicentro de una supuesta trama de amaño de obras.
En un auto de 46 páginas, recogido por Europa Press, el magistrado responde a la petición formulada por la defensa de Cerdán, que pidió retrasar la citación del próximo 25 de junio para poder estudiar la causa.
Ahora, Puente explica que la citación, señalada ya para el día 30, no será voluntaria, como acordó inicialmente, dado que Cerdán perdió su aforamiento al dejar su acta de diputado, de modo que el Supremo ya no necesita recabar el permiso de la Cámara Baja para actuar en su contra.
El Supremo expone asimismo que retiene la competencia para investigar a Cerdán, aun sin ser aforado, dada su conexión inescindible con los hechos referidos al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que sigue siendo diputado.
A este respecto, recuerda que Cerdán «pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado (Ábalos), en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser éste, Santos Cerdán, quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas».
En un paso más, el magistrado autoriza a la UCO a investigar cuentas y productos bancarios en los que el ex secretario de Organización del PSOE figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos.
El instructor también se requiere información tributaria del hasta hace una semana ‘número tres’ del PSOE para conocer su situación financiera, así como la evolución de la misma.
Más de 500 cuentas a rastrear
Además, ha imputado a cinco empresarios, entre los que destacan Joseba Antxón Alonso Egurrola, de Servinabar, la empresa de la que Cerdán tendría el 45% y que recibió más de 75 millones de euros en obras presuntamente adjudicadas de forma irregular por el Gobierno navarro.
Destaca igualmente Fernando Merino, ex directivo de Acciona Construcción, una de las principales constructoras implicadas, de acuerdo con el informe de la UCO. Según los investigadores solo sus presuntas mordidas supusieron 620.000 euros.
Entre los empresarios imputados se encuentran también los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), y José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), otras dos empresas que la UCO sitúa en los presuntos amaños.
Todos ellos tendrán que declarar ante el TS entre el 4 y el 7 de julio, «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles» que «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio».
Puente explica que, «tratándose de personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial», en alusión a Ábalos, «la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste», por lo que debe investigarlos el alto tribunal.
Respecto a ellos, el juez también accede a la petición de la UCO de requerir la información bancaria con relación a las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados o al de las empresas, Acciona Construcciones, Servinabar, OPR y LIC, en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a nombre de Fiadelso, «fundación estrechamente vinculada» a Ábalos. En total, ordena indagar en más de 500 cuentas bancarias.
La escritura privada sobre Servinabar
Por otro lado, Puente responde a la petición realizada por la acusación popular dirigida por el PP, que había solicitado registrar la casa y los despachos de Cerdán en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y en el Congreso de los Diputados.
El magistrado lo rechaza indicando que se trataría de una diligencia que, limitativa de derechos, no se considera útil en este momento. Añade que el eventual riesgo de destrucción de pruebas que alega el PP no se evitaría «resultando para el investigado en extremo previsible, en particular cuando, como la propia acusación popular sugiere, ha tenido aquél, ya varios días atrás, conocimiento previo y cumplido de la existencia de la investigación».
Finalmente, rechaza la petición realizada por el propio Cerdán, que había requerido que se le diese la escritura privada de compraventa que la UCO dice que halló en casa de Alonso Egurrola y que evidenciaría que era dueño de Servinabar al 45%.
«Es claro que el investigado dispone, y dispondrá siempre a lo largo del procedimiento, del derecho a no declarar, pero no lo es menos que mal podría cotejarse notarialmente un documento privado», razona el magistrado.
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