El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que se investiga en el ‘caso Koldo’, atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que ejercía un rol de cierta «preeminencia» en las supuestas corruptelas.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor, Leopoldo Puente, considera que Cerdán «se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a los señores (José Luis) Ábalos y (Koldo) García».
«En este sentido, mantendría con éstos últimos una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos con la posible comisión de los hechos delictivos que a todos ellos se atribuyen», dice.
Puente ha tomado esta decisión tras escuchar su declaración como imputado, que ha durado alrededor de una hora y en la que solo ha contestado a preguntas de su abogado, ni siquiera del propio magistrado ni del fiscal.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que Cerdán ha negado cualquier implicación en la presunta trama, negando también pagos al PSOE, al tiempo que ha asegurado que su irrupción en la causa es fruto de una cacería política por ser «el arquitecto» de los gobiernos progresistas.
Tras ello se ha celebrado una vistilla de medidas cautelares en la que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido el ingreso en prisión provisional sin fianza al considerar que Cerdán es «el jefe de la organización criminal», de acuerdo con las citadas fuentes.
El fiscal ha alegado que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, subrayando que las conversaciones y mensajes en los que se basa su imputación son «explícitos», por lo que ha considerado ofensivo que insinúe que es víctima de una persecución política.
En la vistilla, el fiscal ha sostenido que se valió de José Luis Ábalos y de Koldo García para penetrar en un Gobierno que en realidad le era ajeno y, concretamente, en el ministerio con mayor presupuesto, para actuar en su beneficio y el de otros a través de los presuntos amaños.
De esta forma, Anticorrupción ha ido un paso más allá que con el ex ministro de Transportes y el exasesor ministerial, para quienes solo pidió prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial, medidas cautelares que se ratificaron la semana pasada. Para éstos, las acusaciones populares también reclamaron cárcel pero el instructor lo rechazó. En esta ocasión se han adherido a la petición del fiscal.
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