El magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde ha rechazado el recurso de reforma presentado por la Fiscalía contra su decisión de archivar la causa abierta al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, por presuntos delitos de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001. Monterde confirma que no ve delito, pero la resolución final depende ahora de la Sala ante la que se verá el recurso de apelación, que ha sido estimado parcialmente. Según el auto dado a conocer ayer, la Fiscalía no aporta datos o hechos nuevos en su recurso, sino que muestra discrepancia con argumentos que según Monterde “no desvirtúan la decisión adoptada”.
Añade que no cabe estimar tampoco la práctica de nuevas diligencias, “pues previsible que no llevarían a ningún resultado práctico a efectos de poder apreciar la relevancia penal en los hechos”.
En el auto, el magistrado instructor de la causa contra Imbroda rechaza los recursos de reforma de la Fiscalía y las acusaciones populares contra el auto de archivo de la causa. En la misma resolución se acuerda admitir a trámite los recursos de apelación contra el mismo auto de archivo, presentados por dichas acusaciones. Las apelaciones serán resueltas por la Sala de lo Penal del Supremo.
Además, Francisco Monterde rebaja de 6.000 a 4.000 euros el importe de la fianza impuesta a las acusaciones populares para ejercer la acción en esta causa, el sindicato Manos Limpias y la Asociación Libre de Abogados (ALA).
Primer archivo
El magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, había acordado inicialmente el archivo la vista de las explicaciones dadas por el mandatario del PP el pasado 11 de marzo y de los informes que obran en la causa. Entiende que la contratación del letrado no surgió de Imbroda, sino de uno de los consejeros de la ciudad autónoma.
En su declaración ante el alto tribunal Imbroda negó haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001 y rechazó que su imputación por este asunto le lleve a dimitir. “Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos, no tengo ningún tinglao raro”, dijo.
El instructor consideró, tras analizar las pruebas existentes, que el contrato por el que el abogado cobró de la institución 395.000 euros hasta 2010 no puede atribuirse a Imbroda, que ya solicitó el sobreseimiento de la causa al juez Monterde el pasado 23 de marzo. Ahora, todas estas consideraciones serán revisadas por la Sala de apelación.
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