El suicidio es la causa de muerte del 4,7% de los presos en España

Ayer tocó a su fin el seminario ‘Salud Pública: aspectos legales, sanitarios y asistenciales’ tras una semana acogiendo numerosas ponencias. Para despedir el ciclo de conferencias, integrado en los XXV Cursos de Verano ‘Ciudad de Melilla’, se contó con la intervención del catedrático de Derecho Administrativo de la UCO Mariano López, que habló sobre la configuración jurídico-administrativa del derecho a la protección de la salud. También participó en la última jornada el catedrático de Derecho Penal Juan José González, quien arrojó luz sobre los fraudes alimentarios nocivos para la salud pública. La última ponencia, a cargo del subdirector de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Ángel Juan Nieto, trató sobre la prevención de sucidios en los centros penitenciarios. Los Cursos de Verano ‘Ciudad de Melilla’ se despiden hasta el próximo año. Durante la mañana de ayer se sucedieron las últimas intervenciones del seminario, poniendo sobre la mesa temáticas tan variadas como la configuración jurídico-administrativa del derecho a la protección de la salud, los fraudes alimenticios nocivos para la salud pública o la prevención de los suicidios en el entorno penitenciario.
El primero de los ponentes fue el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, Mariano López. “El derecho a la protección de la salud se encuentra dentro del núcleo duro de la cláusula del Estado social”, aseguró, a pesar de no estar recogido “en el capítulo fuerte” de los derechos fundamentales de la Constitución española.
Según expuso el catedrático, el derecho a la protección de la salud está muy presente en el ámbito penitenciario. Esto es así porque se trata de un derecho que está muy relacionado con los fines de los centros: la reeducación y regeneración del preso.
Por ello, explicó que en este entorno se dan “prestaciones y exigencias sanitarias que, a lo mejor, en el ámbito de la sociedad no están tan reconocidas”. Dos ejemplos que planteó fueron el de la atención integral que se ofrece en las cárceles a los drogodependientes, así como a los enfermos mentales.

Fraudes alimenticios perjudiciales para la salud pública
En la segunda ponencia de la mañana de ayer, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba Juan José González abordó las conductas que el código penal considera delitos de fraudes alimenticios para la salud pública. Según explicó, el engaño se puede producir en cualquier punto de la cadena, desde en la fabricación del alimento como en la puesta a disposición de los consumidores. Lo determinante para convertirse en delito es que se genere “un peligro real” para la salud.
En esta línea, González expresaba que los usuarios se encuentran en una posición en la que son “muy vulnerables” de sufrir estos fraudes, ya que tienen “una capacidad limitada” de detectarlos.
No obstante, aclaró que, para luchar contra estos delitos se producen inspecciones de consumo en las que se garantiza el correcto funcionamiento de las normas de fabricación, almacenamiento, producción y composición de los comestibles.
“En función de las conductas, las penas pueden variar desde los dos años de prisión hasta los seis en el caso más grave, que es el supuesto de envenenamiento”, añadió el catedrático.

Prevención de suicidios en el entorno penitenciario
La conferencia encargada de despedir la vigésimo quinta edición de los Cursos de Verano fue la del subdirector general adjunto de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Ángel Juan Nieto. El jurista habló sobre la labor de prevención de suicidios en el ámbito penitenciario y aseguró que España es uno de los países con menor tasa de muertes autoinfligidas por los internos.
Asimismo, indicó que esta causa de muerte supone “el 4,7% por cada 100.000 internos”. “El deber de preservar la vida y la integridad de los presos es fundamental”, declaró, para lo que se desarrollan programas de prevención y detección de conductas suicidas.

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