Según el S.A.E. (Sindicato de Técnicos de Enfermería), manifiesta que “la publicación del listado de admitidos y excluidos al proceso selectivo de la OPE de Ingesa, primer filtro que hay que pasar en estos procesos, ha dejado en la estacada a muchos de los solicitantes que se sienten engañados por la Administración”.
En sindicato ha apuntado que “en la instancia para presentarse marcaron la casilla correspondiente en la que se autorizaba a Ingesa a consultar la veracidad de los datos aportados por el solicitante: situación de desempleo, familia numerosa… las que fueran” y que “la indignación de un gran número de los solicitantes ha sido comprobar que están en el listado de documentos por imposibilidad de verificar los datos a través de la plataforma de verificación”.
Aseguran que “para complicar aún más la situación de estos solicitantes, que tienen diez días para poder aportar la documentación precisa, los organismos oficiales no dan cita previa y la documentación de aquellos que la consiguen no tiene carácter retroactivo, con lo que tampoco es válida para lo exigido en Ingesa”.
El SAE ha querido aclarar que “estamos en pandemia y para evitar sobrecargar las oficinas públicas, en su momento, muchos de los solicitantes optaron por autorizar a la Administración a verificar todos los datos. No lo han hecho”, manifestando que “ahora, como seguimos en situación pandémica, las oficinas públicas funcionan con acceso restringido y no dan citas con la agilidad que los afectados necesitan y para mayor complicación la documentación no es la requerida”.
Carmen Guerrero, secretaria autonómica de SAE en Melilla manifiesta el profundo malestar y preocupación de todas las personas en esta situación y exige a Ingesa una solución a un problema que han generado ellos al plantear una opción que, después, no es válida. “O solucionan el problema que haya con la plataforma de verificación, o permiten aportar otros documentos acreditativos de las situaciones o aumentan el plazo de presentación de documentación hasta que todos los afectados por esta situación hayan podido solucionarlo”.
“Nos tienen controlados por miles de aplicaciones informáticas y luego no pueden verificar una situación administrativa de la que tienen que tener en la Administración Pública documentación acreditativa más que suficiente. Se sienten abandonados y engañados y no es para menos”, finaliza Carmen Guerrero.
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