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El Reglamento para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio pasa hoy, al fin, por la Asamblea para su aprobación inicial. Este proyecto, en el que la Consejería de Seguridad Ciudadana ha estado trabajando buena parte de la legislatura, fue presentado a principios de este año a los grupos de la oposición para que presentaran sus enmiendas. El debate en la Comisión de Presidencia y Seguridad Ciudadana se ha extendido durante poco más de un mes, aunque según las diferentes valoraciones recabadas por este Diario, no se ha logrado alcanzar demasiado nivel de consenso, al menos en el seno de la comisión. El consejero de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Calderón, confió en que este reglamento obtenga un respaldo mayoritario, habida cuenta que ésa ha sido su intención presentando desde hacía al menos ocho meses el borrador. Sin embargo, pocas han sido las enmiendas que se han presentado, algunas de ellas de PPL, que han sido aceptadas.
Desde Coalición por Melilla reconocieron la predisposición del consejero ante este asunto para plantear propuestas, ya que el borrador les fue presentado hace al menos ocho meses. Sin embargo, los cepemistas hasta hace unos días aún no sabían qué decisión adoptar, ya que había cuestiones con las que sí estaba de acuerdo y otras con las que no. Una de ellas, por ejemplo, era que consideraba “excesivas” las sanciones que propone el Gobierno local en el Reglamento, en el que plantea multas máximas de hasta 750 euros para tratar de erradicar conductas incívicas y actividades molestas, como es la prostitución y los servicios no autorizados ni solicitados, entre otras. CPM aboga por reducir esa cuantía y clasificarlas en leves (250 euros), graves (500) y muy graves (750). Hoy, durante el pleno, profundizará en su postura.
Por su parte, el PSOE dice que su propuesta se basa en promover valores de convivencia y civismo. En declaraciones a este Periódico, los representantes del PSOE explicaron que dicho reglamento “debe plantearse desde la perspectiva de que sea una herramienta eficaz para afrontar las nuevas situaciones y circunstancias que se dan en la convivencia ciudadana, buscando una respuesta equilibrada entre el ejercicio de la libertad individual y el respeto mutuo entre ciudadanos”.
Por ello, desde el PSOE creen que “no basta con el ejercicio de la potestad sancionadora, sino que, además, es preciso que desde el ámbito público, en este caso de la Ciudad Autónoma, se lleven a cabo acciones para promover los valores de convivencia y civismo”.
Por otra parte, el PSOE echa en falta que no haya ninguna mención a aquellas conductas que puedan suponer un “Atentado contra la Dignidad de las Personas”.
Los socialistas han solicitado que haya un informe de los servicios jurídicos de la ciudad, habida cuenta de que, al tratarse de de competencias puramente municipales “entendemos que es preceptivo, en virtud de la legislación de Régimen Local”, y, además, recuerdan que “se trata de un reglamento que establece infracciones y sanciones a conductas ciudadanas y entendemos que ese informe es una forma de garantizar que se salvaguardan todos los derechos de los ciudadanos en una materia tan compleja”.
De hecho, desde el Grupo Socialista se recuerda que, en otras ciudades, una vez aprobado este tipo de reglamentos, se han dado múltiples impugnaciones ciudadanas que han sido atendidas por los tribunales.
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