La Autoridad Portuaria de Melilla pondrá a disposición de la justicia y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el contrato que la anterior dirección del Puerto, en manos del anterior Gobierno de coalición de CPM, PSOE y Eduardo de Castro, adjudicó en 2021 a la empresa ‘Levantina Ingeniería y Construcción SL’, y que aparece citado en las diligencias de la UCO en el marco de las investigaciones del denominado ‘caso Koldo’.
En rueda de prensa, el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Ángel Quevedo (PP) ha explicado que dicho expediente se adjudicó en 658.000 euros, se hizo un modificado del 10,6% por “problemas de cimentación y puertas”, y una liquidación del 7,9% que ha elevado el montante total a 785.200 euros, abonándose la liquidación un mes antes de entrar el PP al Gobierno de la Ciudad Autónoma.
Esta obra, que ha sido subvencionada con 516.000 euros procedentes de los fondos europeos FEDER, consistió en la remodelación del tinglado número 5. En concreto, la ejecución de una entreplanta, una segunda planta y oficinas en la zona norte de este tinglado, ubicado en el muelle-espigón, donde atracan los ferris.
El problema que envuelve a la actual dirección del Puerto con este contrato, según ha explicado Quevedo, es una reclamación de 54.000 euros por “revisión extraordinaria de precios” que se han negado a pagar porque consideran que “no es ajustada a derecho”.
Por ello, la Autoridad Portuaria ha firmado una resolución negativa de pagarle a la empresa adjudicataria un euro en ese concepto, les ha llevado al juzgado y se encuentran actualmente en un proceso judicial que el Puerto confía en ganar en primera o segunda instancia.
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