El Puerto de Melilla rechaza limitar ayudas al transporte como pide el Tribunal de Cuentas

La Autoridad Portuaria de Melilla ha rechazado limitar las subvenciones al transporte marítimo que el Gobierno aplica en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para financiar los traslados en barco con el resto del territorio nacional, como ha solicitado el Tribunal de Cuentas (TCU).

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Manuel Ángel Quevedo, ha reaccionado así a una de las conclusiones del último informe de fiscalización del TCU, en el que recomienda al Gobierno que elabore una nueva regulación de las subvenciones al transporte marítimo que sea más estricta e incluya limitaciones. Para el TCU, es “necesaria la revisión de algunos aspectos esenciales” del sistema de apoyo al transporte marítimo “a efectos de asegurar una oferta marítima suficiente y de calidad, mejorar la eficiencia del programa y garantizar su sostenibilidad”, logrando así una lucha contra el fraude, ajustando las ayudas a su objetivo real y opciones “más convenientes” en las líneas marítimas de interés público.

“Cualquier tipo de fraude hay que perseguirlo”

Quevedo se ha mostrado de acuerdo con el TCU en que “cualquier tipo de fraude hay que perseguirlo, tanto por parte de los residentes en el uso del padrón como de alguna naviera que en algún momento haya aplicado precios mayores de los máximos establecidos en los contratos que garantizan las líneas declaradas Obligación de Servicio Público (OSP). Sin embargo, ha dejado claro que esa lucha contra el fraude que persigue el TCU con su recomendación “no tiene nada que ver con eliminar o reducir o plantear algún tipo de limitación por cualquier motivo de acomodación, de renta, etc., para aplicar el 75 % de descuento a los residentes” en Melilla, Ceuta, Canarias o Baleares a la hora de viajar.

Ni tampoco para limitar los contratos OSP, tres en el caso de Melilla, que garantizan las líneas que la conectan con Málaga, Almería y Motril (Granada), ya que “es una cuestión de derecho” respecto al resto de ciudades españolas, donde el Gobierno realiza una importante inversión en construir y mantener carreteras y vías ferroviarias que utilizan sus residentes y turistas.

“En Melilla tenemos que ir en general a una OSP porque es necesaria, porque es de derecho y porque es la mejor organización que supone para tanto los melillenses como para los que nos visiten”, ha recalcado el presidente del puerto melillense para pedir que se mantengan las tres líneas OSP marítimas, dos de las cuales (Málaga y Almería) el TCU considera innecesarias en su informe por haber en ese momento competencia en el libre mercado en condiciones similares.

Además de esas tres líneas de interés público en el transporte marítimo, Quevedo ha defendido la necesidad de que el Gobierno amplíe las tres que Melilla tiene en el aéreo con Almería, Granada y Sevilla, extendiendo esta fórmula a las que conectan la ciudad autónoma con Madrid y Málaga, que son las más demandadas y tienen “precios desorbitados”.

“El sistema general tiene que ser de obligación de servicio público, tanto en transportes marítimos como aéreos, y es urgente completarlos con el transporte aéreo con Málaga y Madrid, que es el que está dando mayores problemas, porque así se pueden marcar unos precios máximos para todos, unas frecuencias mínimas de esos transportes y también penalizar las cancelaciones que no sean por motivos meteorológicos”, ha defendido.

“El futuro”

El presidente del puerto melillense cree que “ese es el futuro” en los transportes de la ciudad con el resto de España porque “da estabilidad, certeza y certidumbre de frecuencias y de precios”, y para el Estado también porque “los costes serán perfectamente previsibles y no habrá ninguna necesidad de ampliar partidas presupuestarias”, que es uno de los reproches del TCU en su informe.

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