El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción en la Asamblea de Melilla en defensa del derecho de las mujeres a una maternidad libremente decidida y en firme compromiso con los derechos sexuales y reproductivos.
La secretaria de Igualdad del PSOE en Melilla, María José Lenferding, explicó que la iniciativa surge como respuesta a la moción presentada por Vox, que propone declarar Melilla “Región de Vida” y cambiar el 25 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por el denominado “Día Internacional de la Vida”.
Lenferding subrayó que la interrupción voluntaria del embarazo no puede tratarse como una opción política, sino como un derecho fundamental, amparado tanto por la legislación nacional como por organismos internacionales.
“Los derechos sexuales y reproductivos, y especialmente el derecho a decidir sobre la propia maternidad, están ligados de forma directa al derecho a la salud, a la integridad física y moral y a la libertad personal”, señaló.
La dirigente socialista recordó que, según datos de la OMS, cada año se practican 22 millones de abortos inseguros en el mundo, que provocan la muerte de unas 47.000 mujeres y dejan secuelas en millones más. En su opinión, estas cifras demuestran que las restricciones legales no evitan los abortos, sino que empujan a las mujeres sin recursos a situaciones de riesgo extremo.
Con esta moción, el PSOE pide a la Asamblea ratificar su compromiso con los derechos sexuales y reproductivos, garantizar una maternidad libremente decidida e impedir cualquier medida o protocolo que interfiera en la libre decisión de las mujeres mediante presiones o coacciones institucionalizadas.
Además, la iniciativa socialista reivindica la importancia de una educación sexual corresponsable y de la aplicación efectiva de la ley vigente como vía para prevenir embarazos no deseados y fomentar relaciones afectivas sanas y equitativas.
El PSOE advierte de que la propuesta de Vox forma parte de una corriente neoconservadora que busca limitar derechos ya consolidados. Lenferding citó el caso de Castilla y León, donde PP y Vox promovieron medidas como obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de decidir sobre la interrupción del embarazo.
Asimismo, recordó que la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y aborto cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, y que la reciente reforma legislativa en España refuerza aún más este derecho, incluyendo la protección frente al acoso en clínicas y el restablecimiento del derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento parental, derogado en 2015 por el PP.
“Los derechos de las mujeres nunca deben darse por garantizados. El marco normativo y judicial en España es claro: la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho. Cualquier intento de limitarlo supone un paso atrás en la consolidación de nuestra democracia”, concluyó Lenferding.
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