El Partido Socialista de Melilla (PSME-PSOE) ha exigido al Gobierno de la Ciudad Autónoma que presidente Juan José Imbroda que intensifique su labor de fiscalización en el Servicio de Educadores de Calle destinado a menores extranjeros no acompañados tras conocer la "contratación polémica" de una persona que fue denunciada por supuestos abusos sexuales en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Gloria Rojas, secretaria general del PSOE local, ha criticado al Gobierno local por asegurar en el diario El País que "no se inmiscuye en las contrataciones de las empresas adjudicatarias". La socialista asegura que el Ejecutivo de Imbroda "no queda liberado de sus responsabilidades públicas al externalizar un servicio, sino que tiene la obligación de supervisarlo y fiscalizarlo".
El contrato
Afirma que el pliego de condiciones del contrato, con un coste de 425.000 euros, facultad al Gobierno para supervisar su desarrollo y las contrataciones de personal. Ha detallado que, según las clausulas técnicas, la Ciudad Autónoma tiene reservada la facultad de inspeccionar el servicio y adoptar las medidas oportunas para garantizar un correcto funcionamiento del mismo. De hecho, ha insistido Rojas, el pliego permite al Gobierno local exigir el cambio del personal adscrito al proyecto cuando no se adapte al perfil requerido.
La secretaria general de los socialistas se ha referido también a las declaraciones del consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, quien aseguró que escuchó "rumores" sobre la denuncia que pesaba sobre el trabajador y recomendó que fuera apartado de sus funciones. "El Gobierno tiene que estar por encima de las personas que trabajan en estos programas públicos y conocer hasta el último detalle de primerísima mano", ha insistido Rojas, en lugar de guiarse por "rumores"; y es que, las cláusulas séptima y octava del pliego de condiciones "permiten y exigen a Bienestar Social estar encimadel Servicio de Educadores de Calle".
Rojas considera que sería necesario plantearse "la búsqueda de perfiles más exigentes cuando hablamos detrabajos con colectivos tan vulnerables y en situación de riesgo" como el de menores extranjeros no acompañados.
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