La secretaria general del PSOE en Melilla, Gloria Rojas, ha denunciado que la Administración local es la única de España que no cuenta con un protocolo de acoso laboral y tacha de "alarmante esta situación", al tiempo que reprocha al Gobierno Imbroda que "no haya tomado cartas en el asunto pese a haber reconocido este hecho hace varios meses". El Grupo Socialista ha remitido un escrito a las áreas de Presidencia y Salud Pública, así como a la de Economía, Empleo y Administraciones Públicas para mostrar su preocupación por la situación de los empleados públicos.
Salud Laboral
Los socialistas denuncian que el Comité de Salud Laboral hace tres años que no se convoca, "pese a que la obligación legal es que este órgano se reúna cada tres meses", recuerdan. Por ello, han instado al Gobierno Imbroda a que explique el motivo del incumplimiento de este precepto legal, ya que “esto provoca que diversos protocolos, como el de acoso laboral, no existan en la Ciudad Autónoma, lo que es alarmante”, recalca Rojas.
Protocolo amianto
En su escrito, el PSOE recuerda que en varios Plenos de la Asamblea se solicitó por parte de grupos de la oposición que se informara sobre los protocolos existentes para actuar con materiales que contienen amianto y emplaza al Gobierno Imbroda a que traslade quiénes son los miembros de la Administración sometidos a dicho riesgo.
En este punto, el Grupo Socialista insta a la Administración local a que aclare si estos riesgos están contemplados en las evaluaciones de riesgo, y que de ser así, reclama que se le facilite las revisiones médicas que se han realizado para el seguimiento de la salud de profesionales como bomberos, policías locales, agentes de movilidad, servicios operativos, fontaneros, personal de aguas potables y residuales, etcétera.
Implantación software
En otro orden de cosas, el PSOE recuerda que la implantación de la herramienta denominada MyTao, para la gestión de los expedientes administrativos de toda la Ciudad Autónoma, ha supuesto para los empleados públicos "una importante transformación en la organización del trabajo y un gran impacto en el modus operandi de la plantilla de la ciudad, ocasionando un gran esfuerzo su adaptación en tan corto espacio de tiempo".
Los socialistas recuerdan que, por obligación legal, "antes de su puesta en marcha tendría que haber sido consensuada su aplicación y aprobada por el Comité de Salud Laboral", de ahí que Rojas reclame a la Administración local que remita, a la máxima brevedad, toda la información necesaria para poder comprobar la situación de salud laboral de los empleados públicos.
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