El PSOE denuncia a la plataforma TEM por un posible “delito de odio” contra las personas transexuales

El PSOE de Melilla denuncia ante el Juzgado de Instrucción de la ciudad a la plataforma Transparencia Educativa en Melilla (TEM) “por superar los límites de la libertad de expresión y generar odio” hacia el colectivo de personas transexuales durante la concentración que llevó a cabo dicha plataforma el pasado 25 de noviembre y que desembocó en las puertas del Palacio de la Asamblea.

El secretario de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Rafael Robles, indica que el manifiesto leído durante el acto no sólo plantea que las personas transexuales “no pueden” y “no quieren” tener hijos, o que “no le gustan los niños”, sino que “niega su legitimidad para ejercer como docente en un centro público”, y subraya que es “más grave aún el hecho de que se llegara a insinuar que el colectivo pretende fomentar la pederastia así sin más”.

“Las graves manifestaciones incitan al rechazo al colectivo trans, lo denigra, y superando los límites de la libertad de expresión y critica al sistema educativo, pretende fomentar que la sociedad dé la espalda no sólo a una actuación implantada en el seno del Ministerio de Educación, sino a la persona que la imparte por el mero hecho de ser transexual, a la que cataloga como persona insensible hacia la infancia de forma injustificada y sumamente injusta, lo que supone una manifiesta discriminación por razón de sexo”, explica Robles, quien asegura que la manifestación de TEM puede ser “constitutivos de un delito de odio, según recoge el artículo 510 del Código Penal, en el que se menciona a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas, religiosos, de sexo u orientación sexual”.

“Cualquier acto de censura en las aulas incumple la competencia sobre las decisiones curriculares que tiene atribuida por ley los centros educativos, llegando a violar el derecho a la educación de niños y niñas, es decir, el derecho de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral para el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, concluye el partido.

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