El secretario ejecutivo de los socialistas melillenses volvió a cargar contra la gestión sanitaria del Partido Popular, señalando al Gobierno de Rajoy como único responsable de la paralización de las obras del nuevo Hospital Universitario y cifrando el coste económico directo de dicha paralización en la friolera de 3 millones de euros, un tercio de los cuales corresponden a la realización de diferentes informes de consultorías. Moga entró a valorar el montante del coste indirecto de esta paralización, afirmando que sería mucho mayor que los tres millones reflejados en el Portal de Transparencia del Gobierno, y recordó que el Hospital era un proyecto socialista, ya que el PP planteaba como solución la ampliación del actual Hospital Comarcal. El secretario ejecutivo de los socialistas locales, Fidel Moga, ha afirmado que la paralización de las obras del Hospital Universitario por parte del Gobierno del PP ha costado ya prácticamente 3 millones de euros al erario público.
El dirigente del PSOE, que explicó que esta información la ha obtenido del Portal de Transparencia del Gobierno de España, informó de que se han pagado 102.000 euros en diferentes informes sobre cómo estaban las obras; 810.000 euros en los informes de la empresa pública de consultoría e ingeniería ISDEFE; 75.700 euros en la dirección facultativa; 1.922.000 euros en demolición y acondicionamiento de la parcela; y 18.000 euros en seguridad.
Sin embargo el coste indirecto es mucho mayor, apuntó, ya que la paralización del proyecto ha supuesto también la no aparición de un gran número de puestos de trabajo y de sinergias laborales, sociales y empresariales que habrían reportado riqueza a la ciudad.
Tal y como recordó Moga, el inicio esa obra fue fruto del trabajo del PSOE, “cuando los puestos directivos del Gobierno Socialista en el Ingesa llegaron se encontraron con el proyecto del PP que consistía en ampliar el Comarcal”, mientras que el proyecto del PSOE fue la construcción de un nuevo Hospital, moderno y a la vanguardia del país, que, sin embargo, fue paralizado por el Gobierno del PP, “por una diferencia política”, tal y como reconoció en su momento el Delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani.
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