A efectos de aligerar el procedimiento judicial, es posible que las declaraciones se dividan en dos bloques. Uno de ellos estaría encaminado a abordar la supuesta compra de votos. El segundo apartado sería para analizar los supuestos delitos de prevaricación y malversación en la gestión de los Planes de Empleo. Esta última parte sólo afectaría a cinco acusados: Mustafa Aberchán, Dionisio Muñoz, Gregorio Escobar, Ana Mansilla y Joaquín Arana. Insistió el magistrado que preside la Audiencia Provincial que esta decisión no causaría indefensión alguna.
Es posible que el juicio por los ‘Votos por Correos’ termine siendo dividido en dos bloques. Así lo anunció Federico Morales, magistrado que preside la Sala Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla.
En uno de los bloques se tomarían las declaraciones correspondientes a la presunta compra de votos por correos, en la que analizarían los supuestos delitos de asociación ilícita, falsedad y contra la ley electoral.
Prevaricación y malversación
El segundo bloque sería el referente a los delitos de prevaricación y malversación. Sólo tendrían que declarar en este apartado los procesados Mustafa Aberchán, Dionisio Muñoz, Gregorio Escobar, Ana Mansilla y Joaquín Arana.
Este sería el bloque en el que se tomaría declaración por la gestión de los Planes de Empleo.
Como indicó Morales, se trata de una parte del procedimiento que «excede del voto por correos». La propuesta de dividir el juicio en estos dos bloques obedece a la necesidad de «aliviar el enjuiciamiento».
Si se estableciera finalmente que el juicio se divide en dos partes no afectaría de ningún modo al derecho de las defensas, como puntualizó el presidente del tribunal.
«Sólo afecta a que el testigo tenga que venir en dos ocasiones», aclaró.
Las penas para los principales acusados del caso
El fundador de CPM, Mustafa Aberchán, está acusado de ser uno de los principales cabecillas del “entramado orientado a la captación ilegal del voto”. Se le acusa de cometer tres delitos electorales continuados, uno de falsedad, uno de malversación de caudales públicos y uno de asociación ilícita. Le piden 27 años de prisión, 50 de inhabilitación y una multa que ronda los 60.000 euros. Las penas que se reclaman son idénticas para Dionisio Muñoz, quien fuera secretario general del PSOE, al que la Fiscalía considera otro de los grandes responsables de la operación. Para Gregorio Escobar, persona ‘decisiva’ según Fiscalía en la trama, se reclaman 9 años de cárcel y 20 de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y prevaricación.
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