El presidente cesa a la mitad de su Consejo de Gobierno para cumplir con la sentencia del Supremo y la administración de la ciudad se paraliza

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs) anunció ayer el cese de los consejeros y viceconsejeros de su Ejecutivo que no son diputados electos de la Asamblea asumiendo, aunque no la comparte, la sentencia del Supremo sobre este particular; un pronunciamiento judicial que reconoce ha generado una “crisis” en el Ejecutivo local. Anuncia que los integrantes del gobierno tripartito negocian ahora cómo dar salida a esta situación. Según De Castro, el desencadenante de todo esto fue una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2017 que hacía referencia a un acto administrativo concreto y declaraba nulo el nombramiento de una viceconsejera del Gobierno de Ceuta que no era diputada electa, pero al presentarse ante el Supremo un recurso de casación, el posicionamiento final del tribunal “tiene un alcance mayor y afecta de forma urgente a la estructura de los gobiernos de Ceuta y Melilla”.

Informes
De Castro afirmó que tras conocer la sentencia solicitó “con carácter de urgencia” a los servicios jurídicos de la Ciudad, a la Secretaría General de la Ciudad y a la Dirección General de Desarrollo Autonómico informes que analizaran el tema jurídico.

Reconoce que desde el primer momento se entendió que de no acatarse la sentencia, “cualquier acto administrativo” podría recurrirse, desde “una multa o un tributo de Hacienda, de forma que lo perderíamos y tendríamos un tapón de problemas, pero en política hay que resolver problemas y no generarlos”.

Los informes emitidos “en tiempo récord, son contundentes, sesudos y muy trabajados jurídicamente, y se llega a la conclusión, como ya anticipé, que había que cesar a los consejeros y viceconsejeros no electos”, razón por la que anuncia el presidente que ha firmado los decretos de cese que se publicarán hoy en el Boletín de la Ciudad. “De conformidad con la Ley y el Reglamento, vengo a disponer el cese de Paula Villalobos como consejera de Presidencia, de Julio Liarte como consejero de Hacienda, de Fernando Rubia como consejero de Bienestar Social, de Jaime Bustillo como viceconsejero de Turismo, de Jalid Said como viceconsejero de Deportes y de Yusef Kaddur como viceconsejero de Juventud”, detalló.

Crisis
Con este decreto “se cierra la primera parte del proceso de la cris que ha provocado la sentencia del Supremo, que como dije, las sentencias hay que acatarlas, aunque no se esté de acuerdo con ella y yo no lo estoy, como tampoco lo están dos vocales del Supremo, entre ellos el presidente”, manifestó.

El siguiente paso es el inicio de reuniones entre los socios del Ejecutivo tripartito “para una nueva estructura de Gobierno” aunque se mantendrá el actual organigrama, y entre tanto, “hay que ser prudente y respetuoso” con la marcha de estos contactos porque la negociación sigue abierta, según afirmó De Castro.

Añade que de momento no se han puesto fecha límite, aunque “será lo antes posible”, e indicó, a preguntas de los periodistas, que no se descarta que Julio Liarte vaya a ser gerente de Promesa pero que es “una posibilidad más sobre la mesa” y aclaró tajante que Mustafa Aberchán (CPM) no ha pedido incorporarse a la estructura de Gobierno y “no creo que lo vaya a pedir”.

Dijo que se ha dado traslado de estas medidas a los miembros de la Asamblea y en referencia al PP y a los que “tenían tanta prisa de cesar a todo el mundo, que la inmediatez es mala compañera”, le recuerda que “no se dio la misma prisa para cesar a algunos consejeros que han estado años, algunos con condenas” formando parte del Ejecutivo local.

De Castro denuncia acoso judicial
De Castro también salió ayer al paso de las manifestaciones del PP que pregunta si aplicando el código ético de PSOE y Ciudadanos no habría que cesarle por estar investigado por prevaricación. “No estoy para tonterías –aseveró- sino para trabajar en cosas serias”. Según dijo, “el 80% del Gobierno del PP estuvo imputado y algunos condenados, pero tengo muy claro que usar la justica para hacer política no es recomendable”. No obstante, aseveró que todas las acciones legales emprendidas por el PP y Vox contra su persona “han sido desbancadas por la justicia, tanto aquí como incluso en el Constitucional, e incluso Vox ha sido condenado a pagar las costas” de una de estas causas, “así que ya está bien de poner palos en las ruedas y de este acoso judicial”. Afirma que no tiene nada que ocultar y que acudirá a declarar ante el juez el 10 de enero como ha ocurrido en otras ocasiones y está convencido de que el final será el miso que hasta ahora, el archivo.

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