El PP se querella contra Almansouri por prevaricación administrativa por el búho taxi

El PP presentó ayer una querella por un presunto delito de prevaricación administrativa contra la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, por considerar que se han cometido ilegalidades en el programa de búho taxi, una serie de ayudas concedidas a los melillenses para que regresar de la Feria 2019 en taxi. En rueda de prensa, el secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, mostró la querella registrada ayer en sede judicial y anunció que esta es la primera de las que tienen previsto presentar próximamente, entre ellas una por “el rocambolesco e ilegal centro de menores” en el Fuerte de Rostrogordo, y otra por el programa Melilla Colabora. Ambas actuaciones, al igual que la del búho taxi, fueron impulsadas por miembros de Coalición por Melilla (CPM), sobre las que los populares consideran que están “plagadas de ilegalidades”, de ahí que el Marín considere que la querella presentada ayer “no ha hecho más que empezar”.
Marín dejó claro que la cuestión de esta querella no es el importe de la subvención que conllevaba el programa del búho taxi, sino que “lo grave” es que fue una actuación de Dunia Almansouri, cuando tenía responsabilidades como consejera de Distritos, y sobre la que dijo que es una persona con “una dilatada experiencia en la gestión de lo público”.
No en vano, el número dos del PP recordó que Almansouri, en las legislaturas anteriores, fue miembro de la Mesa de Contratación y “ha dado lecciones” en la materia en los plenos de la Asamblea, de manera que tiene “pleno conocimiento de los procedimientos” y, pese a ello, “ha llevado a cabo estas barbaridades”.

Las supuestas irregularidades
Entre esas supuestas irregularidades, Marín dijo que el convenio entre la Ciudad Autónoma y la asociación de autónomos del taxi no se firmó con el presidente de la entidad, que es la persona legitimada, sino “con una persona vinculada a CPM”, además de que no se aprobaron las bases ni fueron publicadas.
Ello supone, según Marín, un incumplimiento de la Ley General de Subvenciones y del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma, además de las bases de ejecución del presupuesto, que impide pagar con anticipos de caja ese tipo de subvenciones, si bien afirmó que Almansouri, en una reunión en su despacho, dio esa orden, en contra del criterio de la directora general y el interventor.
“Eso está escrito en un informe que obra en el expediente y en la querella”, informó Marín, que confió en que haya pronto una respuesta judicial porque “Melilla no puede tener a este tipo de personas manejando el dinero público”.

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