La diputada nacional del PP por Melilla, Sofía Acedo, ha reivindicado que las comunidades y ciudades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP se han convertido en “el dique de contención de un gobierno despótico que solo responde a su interés, que no a su interés general”, dejando claro que seguirán “dando la batalla”.
“Hoy somos más importantes y necesarios que nunca porque no solo representamos la única alternativa real a nuestro país, sino que estamos llamados a defender la democracia española, que está resentida como consecuencia de que tiene a su principal adversario dentro del Gobierno de España”, ha subrayado.
Acedo ha participado este fin de semana en la XXVIII Interparlamentaria Popular que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla, presidida por el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y que ha reunido a todos los representantes populares en las distintas instituciones: eurodiputados, diputados nacionales y autonómicos y senadores. Este evento, que ha servido para consolidar las líneas estratégicas del partido y reforzar su compromiso con la política útil, ha estado precedido por una intensa ruta de actos sectoriales bajo el lema “Más España, Más Europa”, organizados junto al Partido Popular Europeo.
De dicho encuentro, ha proseguido, ha surgido un “potente” documento de conclusiones “que ponen los problemas de los ciudadanos en el centro” y recoge las principales soluciones que el PP transforma en “políticas útiles” en los distintos ayuntamientos y comunidades autónomas donde gobierna.
Una de esas principales “preocupaciones” para los ciudadanos la vivienda, criticando el bloqueo del Gobierno central a las diferentes iniciativas que el PP ha propuesto en esta cuestión para “mejorar el acceso a la vivienda de los más vulnerables y de los jóvenes”, así como para expulsar en 24 horas a los okupas.
En cuanto a conciliación, la dirigente popular ha afeado al Ejecutivo central que vete la ley de conciliación para garantizar el permiso parental por cuidado de menores hasta los ocho años, así como medidas de corresponsabilidad y que no penalicen la maternidad. De hecho, ha asegurado que la Unión Europea “castiga” a España con 9.000 euros al día por no transponer la directiva europea para retribuir el permiso parental por cuidados de menores hasta los ocho años porque “el Gobierno no quiere”, y la sanción, dice, va ya por siete millones de euros.
Ha afeado también que el Ejecutivo central diga que no haya dinero para financiar la aplicación de la ley ELA, presupuestada con 200 millones de euros, mientras “saca dinero para financiar las exigencias del separatismo y la corrupción del propio Gobierno y del PSOE”.
“Ni tampoco para ajustar el IRPF a la inflación que evite que las clases trabajadoras sigan perdiendo poder adquisitivo”, ha agregado, lamentando que el Gobierno se olvide de los más vulnerables”.
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