El PP pide que el rey Juan Carlos I vuelva a España tras la desclasificación de documentos del 23F por “lo que consiguió para este país”

El vicesecretario nacional de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha respaldado la postura del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y a la que se ha sumado el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, que han pedido el regreso a España del Rey Juan Carlos I tras la desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 porque, tal y como aseguran, “paró el golpe de Estado”.

“Creo que la figura del Rey Juan Carlos, de lo que hizo y de lo que consiguió para este país, conlleva a que creo que como españoles aspiramos a que el rey vuelva a España”, ha dicho en declaraciones a los medios durante un encuentro con empresarios y autónomos en Melilla. Algo que, a su juicio, es “bastante sencillo” de hacer.

“Es verdad que hay gente que no quiere, pero es porque tienen otros problemas, y no porque nadie le deje de reconocerle al rey el trabajo que ha hecho, y con los errores que también ha admitido”, ha agregado, afirmando que “todos cometemos errores”. Aun así, dice que “lo que queremos es que esté en España”.

“¡Lo sabíamos!”

Este jueves, la primera autoridad melillense solicitó a través de sus redes sociales el regreso “inmediato” del monarca afirmando que “fue el artífice del fracaso del Golpe de Estado del 23/F. ¡Lo sabíamos pero ahora fehacientemente! ¡Qué esperaban! ¡El Rey debe volver de inmediato a España!”. El dirigente melillense considera que los documentos ahora publicados confirman de manera oficial el papel decisivo del entonces monarca para frenar la intentona golpista.

La reacción del presidente melillense se produce después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desclasifican los archivos relativos al golpe protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Los documentos recogen el compromiso de Don Juan Carlos con el orden constitucional y su intervención directa para abortar la sublevación.

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