La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo (PPE) en el Parlamento y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior que evalúen las implicaciones de seguridad derivadas de la decisión del Gobierno de adjudicar a Huawei el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.
La eurodiputada considera que esta contratación plantea «un serio problema de coherencia» con las recomendaciones europeas en materia de seguridad tecnológica y de protección de datos sensibles, además de comprometer la fiabilidad de España como socio dentro de la cooperación de inteligencia europea y transatlántica.
«Estamos hablando de un sistema que gestiona escuchas con autorización judicial sobre terrorismo, crimen organizado y espionaje. Si esa información termina almacenada en tecnología vinculada a la inteligencia china, el riesgo para nosotros y nuestros aliados es real», ha advertido Montserrat, a través de un comunicado.
En una pregunta parlamentaria, Dolors Montserrat ha advertido del riesgo de filtración o monitorización indirecta por parte de terceros países sobre investigaciones judiciales que puedan incluir información compartida en el marco de la cooperación OTAN-UE, «lo que podría conducir a una pérdida de confianza por parte de socios estratégicos como Estados Unidos o Reino Unido».
«La Comisión ha sido clara: la seguridad debe prevalecer sobre el precio. La presencia de Huawei en un sistema de interceptaciones judiciales contradice las recomendaciones europeas y vulnera el principio de precaución en materia de ciberseguridad pública», ha recordado la eurodiputada.
Con todo, Dolors Monserrat considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vulnera el marco de seguridad tecnológico fijado por la Comisión Europea, en el marco del «EU 5G Security Toolbox», y ha alertado de que se pone en peligro la confianza de la OTAN y sus aliados.
Los ‘populares’ han apuntado que la Comisión Europea, en el marco del «EU 5G Security Toolbox», instó en 2020 a los Estados miembros a limitar o excluir a proveedores de alto riesgo de infraestructuras críticas. «Esta categoría incluye a empresas como Huawei, cuya sujeción a la legislación de seguridad nacional china podría implicar la obligación de colaborar con los servicios de inteligencia del país asiático, incluso en el extranjero», han señalado desde el PP.
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