El PP exige el cese «fulminante» del fiscal general por cambiar de móvil en un «intento de ocultar pruebas»

El PP ha acusado este viernes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de intentar «ocultar pruebas» al cambiar de teléfono móvil una semana después de que el Tribunal Supremo le encausara y ha reclamado que sea «cesado fulminantemente» por ello.

A través de varios mensajes en la red social X, dirigentes ‘populares’ han reaccionado al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge esa conclusión, en el marco de la causa abierta contra el fiscal general por la presunta revelación de secretos de Alberto González, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha ironizado con que, «curiosamente, a García Ortiz le llegó la necesidad de cambiar de teléfono justo cuando le imputó el Supremo». «Cada vez queda más claro que el ‘protocolo de seguridad’ del fiscal no es más que su intento de ocultar pruebas. Y eso es precisamente lo que le delata como culpable», ha señalado.

De su lado, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha afirmado que el fiscal general «tiene que ser cesado fulminantemente» y ha cuestionado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «será capaz de cesar a quien cumplía órdenes».

Muñoz ha indicado que la independencia de la Fiscalía «está completamente comprometida si un presunto delincuente, que es pillado intentando borrar pruebas, se mantiene al frente».

«¿Quién pide perdonó a los españoles?»

A la vez, el portavoz nacional del partido y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha expresado que la situación de García Ortiz «es absolutamente insostenible».

«Uno de los mayores escándalos posibles es que el encargado de perseguir delitos, los cometa y los oculte, presuntamente», ha calificado.

Además, el propio PP ha esgrimido el informe de la Guardia Civil para preguntar a Sánchez «quién va a pedir perdón a los españoles», enlazando un vídeo con las palabras del presidente del Gobierno cuando aseguró que el fiscal general merecía una disculpa porque no se habían encontrado mensajes en su móvil que prueben la presunta filtración.

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