El PP de Melilla instó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez a no retrasar más la equiparación salarial de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil respecto a otras policías autonómicas, una medida comprometida por el anterior Ejecutivo en marzo, y que debería haber entrado en vigor hace cinco meses. En rueda de prensa, el secretario general del PP melillense, Miguel Marín, afirmó que “no hay nada que impida” la puesta en marcha de la equiparación salarial, que en Melilla beneficiaría a más de mil agentes entre los dos cuerpos de seguridad, e insistió en que se trata de una cuestión de voluntad.
Sin embargo, lamentó que el Gobierno de Sánchez, “o no hace” las actuaciones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, o bien las retrasa, como a su juicio está ocurriendo con otras medidas relativas a Melilla, como la ampliación del puerto comercial o la Obligación de Servicio Público de tres líneas aéreas.
Marín recordó que la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debería haberse aplicado con la entrada en vigor de los PGE, que fueron aprobados hace cinco meses, ya que en ellos está recogida la dotación económica necesaria, que asciende a 1.407 millones de euros en tres ejercicios presupuestarios.
El número dos del PP regional reiteró que se trata de una medida “justa y necesaria” porque los agentes de la Policía y la Guardia Civil son “magníficos profesionales que mantienen en orden nuestro Estado de Derecho, velan por el cumplimiento de nuestras leyes y son una pieza fundamental en nuestro país y el bienestar de los españoles”.
Compromiso del PP
Asimismo, destacó el compromiso del PP con la equiparación salarial llegando a un acuerdo al respecto con los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil el 12 de marzo, que se materializó en una resolución aprobada una semana después, dando respuesta a unas reivindicaciones históricas y justas” de ambos cuerpos desde hace años.
Blindada por ley
Miguel Marín destacó ayer dos de las cláusulas recogidas en el acuerdo suscrito el 12 de marzo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, una de las cuales blinda por ley esta equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar que pueda haber nuevas diferencias retributivas respecto a otras policías autonómicas en unos años.
Se trata de la cláusula número ocho, “donde se hace público que el Ministerio del Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones”.
También subrayó la número cuatro, que resuelve que el acuerdo tendrá efecto desde el 1 de enero de 2018 y las cantidades retributivas del presente ejercicio se harán efectivas una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado.
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