El PP ha pedido la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para tratar de obligar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a que explique en el Parlamento las condiciones de la reapertura de la aduana comercial de Melilla con Marruecos.
La idea del PP es que el responsable de la cartera de Exteriores comparezca ante el Pleno del Congreso para que explique el acuerdo que se está ultimando con el Reino de Marruecos para la reapertura de la aduana comercial con la ciudad autónoma, especialmente para aclarar las “condiciones impuestas” por Rabat y el tránsito de mercancías en régimen de viajeros.
Y para forzar esa comparecencia urgente en enero, un mes que está fuera del periodo ordinario de sesiones plenarias, el PP ha registrado este viernes una petición para que se reúna la Diputación Permanente y vote la convocatoria de ese Pleno extraordinario.
El Gobierno ha admitido que “está muy cerca” la apertura de las aduanas de Ceuta, que se abriría por primera vez, y de Melilla con el país magrebí, acordada hace casi tres años tras el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI con el que se dio carpetazo a la crisis bilateral.
Sin embargo, el Ejecutivo prefiere escudarse en la discreción que ha rodeado siempre a este asunto para no brindar detalles sobre la fecha ni las circunstancias. Según ha adelantado El País, el plan inicial es permitir el paso de un camión diario: desde Marruecos entrarían a Melilla áridos, frutas, verduras y pescados, y, a cambio, Rabat accedería a dar luz verde a la entrada de productos de higiene y limpieza, así como de productos electrodomésticos y electrónica, los cuales no se fabrican en las ciudades autónomas.
La noticia ya ha desatado las protestas del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, quien considera que someterse a las condiciones de Marruecos supone tratar a Melilla como una ciudad marroquí. Desde Génova apuntan a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pone en peligro las fronteras de España porque es susceptible a “cesiones y chantajes”.
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