El PP denunciará ante la Justicia las “irregularidades” en la contratación de las áreas que gestiona CPM

El PP acusó ayer al Gobierno de Melilla de irregularidades en procedimientos de contratación pública, concretamente en las áreas que dependen de Coalición por Melilla (CPM), por lo que anunció su intención de acudir a los tribunales de Justicia para denunciarlo. En rueda de prensa, el secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, aseguró que esos procedimientos incumplen la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Contratos del Sector Público y los propios reglamentos de la Ciudad Autónoma, de ahí que haya reclamado los expedientes a la Ciudad Autónoma con la intención de denunciarlo.

Según Marín, esas supuestas irregularidades se habrían llevado a cabo en la concesión de ayudas en la Consejería de Distritos sin ningún procedimiento administrativo, ya que asegura que carecen de la publicación de unas bases de convocatoria y plazo de exposición pública para dar a conocer los requisitos que deben cumplir las familias y personas perceptoras.
A ello se une, en palabras de Marín, que tampoco ningún técnico se ha encargado de analizar la situación de los solicitantes de esas ayudas, lo que, unido a los demás factores, evidencia para el PP que “se ha dado dinero público sin ningún tipo de control”, razón por la que este grupo político ha pedido los expedientes de las ayudas al Gobierno.
Sin embargo, denunció que han pasado los meses sin que se le haya facilitado esa información, pese a tener derecho a acceder a ella como grupo político de la Asamblea, al igual que otro tipo de información que los populares solicitaron y se les ha hecho llegar “a cuentagotas”.

Centro de menores
Además de estas ayudas, Marín también incluyó en sus acusaciones hacia la gestión cepemista la creación de un centro de menores extranjeros no acompañados durante el estado de alarma, aprovechando que “la mayor preocupación de los melillenses era velar por la salud del conjunto de ciudadanos y que no hubiera contagiados ni fallecidos”.
“Vilmente, los señores de CPM usaron de forma fraudulenta el estado de alarma para construir un nuevo centro de menores que costará 3,5 millones de euros del bolsillo de todos los melillenses”, denunció públicamente el número dos del PP local, que además de la cuestión económica, también puso de relieve el procedimiento empleado.
Así, señaló que, tras paralizar a finales del año pasado la renovación del contrato de gestión del centro de menores de La Purísima, y posteriormente prorrogarlo solo un año en lugar de los dos posibles al no conseguir sacar una nueva licitación, “CPM ha creado de forma irregular otro centro” de acogida en Rostrogordo que ha sido “adjudicado de forma irregular” a una empresa que, según el PP, no cumple ningún requisito ni tiene experiencia para hacerse con dicho contrato.
Marín, que considera que eso es como adjudicar a un panadero el suministro de un camión de bomberos, añadió a estas “aberraciones” el desembolso de 1,6 millones de euros en módulos para un centro de acogida de menores en el antiguo cuartel de Santiago sobre el que CPM dio marcha atrás, por lo que “no se sabe dónde ha ido a parar ese dinero”.

“Contrataciones de personal a dedo”

También se refirió el dirigente popular a las “contrataciones a dedo” de trabajadores de empresas adjudicatarias de servicios de la Ciudad Autónoma, como el centro de menores o los controladores de las playas, algo que Marín denunció públicamente como una “práctica irregular”, además de una injusticia hacia el resto de los melillenses desempleados por la falta de publicidad y esa forma “oscura” de gestionar.

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