El PP denunciará ante el interventor el concierto de Kiko y Shara por “fraccionamiento ilegal” de contrato

El Partido Popular (PP) ha anunciado que va a denunciar ante el interventor de la Ciudad Autónoma el concierto de Kiko y Shara que se celebró el pasado sábado 6 de mayo en la pista deportiva de Las Palmeras por un “fraccionamiento ilegal” de contrato.

A juicio del diputado local en la Asamblea y número 6 de la formación el 28-M, Daniel Conesa, el concierto se ha realizado de una manera “igualmente ilegal” que el concierto del rapero Morad que tuvo lugar a finales de febrero, con la elaboración de varios contratos menores para organizar el evento.
Conesa, que asegura a través de un audio haber accedido a ese listado de contratos menores, que cifra en cinco, estima en más de 66.000 euros el coste total de la organización del concierto del dúa gaditano, incluyendo el importe de 9.850 euros de alquiler de grupo electrógeno.

“Un evento al que no se le ha dado ninguna publicidad y que, por lo tanto, ha tenido una prácticamente inexistente asistencia de personas, se habla de 30 o 40 personas”, calcula, tachando este hecho de “barbaridad” desde el punto de vista del uso de dinero público.

Así, además de una “presunta actitud ilegal” a la hora de organizar este tipo de eventos, Conesa ve un “claro despilfarro de los fondos públicos”. “No se puede organizar un evento, gastarse más de 66.000 euros, adjudicarlo a dedo sin publicidad ninguna y, encima, no anunciarlo, porque eso lo que produce también es un despilfarro de los fondos públicos, que es algo a lo que este gobierno nos tiene ya acostumbrados”, critica.

«Responsabilidad de todo el Gobierno»

El vicepresidente segundo de la Asamblea ha dejado claro que “la chapuza” del concierto de Kiko y Shara es “responsabilidad de todo el Gobierno”, y acusa a la candidata de Coalición por Melilla (CPM) el 28-M, Dunia Almansouri, y a la del PSOE, Gloria Rojas, de ser “colaboradoras necesarias en esta presunta ilegalidad”.

“Es responsabilidad colectiva del Gobierno, de la mala praxis a la hora de realizar los contratos menores y del despilfarro de los fondos públicos que se viene realizando desde años atrás”, concluye.

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