El PP de Melilla respalda en Murcia una política migratoria “ordenada y legal”

El secretario general del Partido Popular en Melilla, Miguel Marín, ha respaldado este fin de semana la declaración aprobada en Murcia que establece las líneas estratégicas del partido en materia migratoria, con especial atención a la irregularidad en las fronteras y al cumplimiento de las leyes por parte de los inmigrantes.

El documento señala que España “no puede seguir atrapada en el modelo disfuncional del Gobierno central, que ha convertido la irregularidad en la vía más rápida, debilitando la cohesión social y la igualdad ante la ley”. En este sentido, Marín subraya que la residencia de los inmigrantes que cometan delitos graves debería ser retirada de forma automática, y que la reincidencia no debe ser compatible con la permanencia en España.

Respecto a los menores migrantes no acompañados, el dirigente popular ha criticado el reparto realizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que considera “totalmente arbitrario” y motivado por fines políticos. Marín destaca que regiones como Cataluña y el País Vasco han sido excluidas, mientras que Baleares ha asumido una carga adicional en un contexto ya tensionado por la migración. El PP exige que el Gobierno central asuma la financiación y la atención directa de estos menores, garantizando la determinación de su edad y la correcta gestión de los recursos.

La declaración aprobada en Murcia también refuerza el compromiso del PP con unas fronteras “impermeables y seguras” y con la legalidad de las vías de entrada. Según el documento, la inmigración solo puede ser sostenible si está vinculada al esfuerzo y la contribución económica real de quienes llegan al país, asegurando que los derechos y deberes estén equilibrados. Asimismo, se señala que prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital deben estar condicionadas a la búsqueda activa de empleo.

Marín ha insistido en que la política migratoria del PP busca alinear España con la tendencia europea, promoviendo un modelo ordenado, legal y mutuamente beneficioso para la cohesión social y el desarrollo económico.

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