“Lo que mal empieza, mal acaba”. De esta manera se ha referido la diputada del PP en la Asamblea de Melilla, Esther Donoso, a la gestión que el Gobierno local está llevando a cabo con respecto al contrato del servicio de vigilancia de la Ciudad Autónoma después de que la mesa de contratación haya parado de nuevo dicho contrato.
La paralización de este se debe al recurso especial que presentó la empresa ‘Protección y Seguridad Técnica S.A.’ (Prosetecnisa) el pasado día 18 contra la adjudicación del contrato mayor al grupo ‘Sureste Seguridad SLU’.
“No se entiende cómo una empresa que las fuerzas sindicales han denunciado en inspección de trabajo por incumplimiento de contrato, que está en el Juzgado de lo Social denunciada por multitud de trabajadores suyos, que no cumple las cláusulas sociales del pliego de condiciones técnico, sea aun así adjudicataria de este contrato”, critica Donoso, quien cree que la Ciudad debía de haber solucionado esta situación mucho antes y haberle incoado un expediente de prohibición de contratar a ‘Sureste Seguridad’.
“Este desgobierno es el que ha llevado a esta situación y, como siempre, sin poner solución y sin explicarlo”, apostilló la diputada popular, quien lamenta que “los más perjudicados” de toda esta situación son los trabajadores de dicha empresa, los cuales, tal y como asegura, llevan tiempo sin cobrar .
Un contrato denunciado en los juzgados
El PP ha denunciado en multitud de ocasiones el contrato de vigilancia de la Ciudad, el cual ha llevado ante los juzgados ante la sospecha de que se haya podido cometer un presunto delito de prevaricación administrativa por la manera en que ha sido gestionado por parte del Ejecutivo local. Una denuncia por la que tuvieron que declarar el pasado mes de octubre la vicepresidenta local y consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, Gloria Rojas, y la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri
Y es que, según denuncian los populares, la Ciudad prescindió de un contrato de vigilancia que estaba en vigor y realizó un “procedimiento negociado y sin publicidad” con la misma empresa que prestaba esos servicios abonándole 60.000 euros más al mes.
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