Así lo ha anunciado el diputado del PP por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, quien ha defendido que esa infraestructura no puede permanecer sin autorización de las autoridades españolas en aguas territoriales de soberanía española.
El Gobierno trasladó en noviembre su queja a Marruecos por el uso de aguas territoriales españolas sin permiso previo a través de una nota verbal entregada por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la Embajada marroquí –cuya titular fue llamada a consultas hace siete meses– tras constatar la actuación en lo que son aguas españolas «sin los permisos necesarios para esa actividad».
Ahora, el PP se encuentra «a la espera» de conocer si hay más movimientos y anima al Ejecutivo a estudiar la posibilidad de instruir un expediente de demolición, ya sea por iniciativa propia o a través de las autoridades judiciales.
«Si no hace nada seremos nosotros los que promovamos esa denuncia para que el ámbito judicial se manifieste, ya que entendemos que es una infraestructura construida ilegalmente en aguas territoriales de soberanía española», ha subrayado el diputado ‘popular’.
Díaz de Otazu ha reiterado que el PP está «a la espera» de conocer si las acciones del Gobierno tienen «alguna consecuencia o ninguna», pero ha reiterado que la piscifactoría no puede continuar en aguas territoriales españolas sin autorización de sus autoridades.
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