El PP advierte de las responsabilidades penales y patrimoniales que supondría incumplir el fallo del Supremo

El PP advirtió ayer de las responsabilidades penales y patrimoniales en las que puede incurrir el Gobierno de Melilla, y fundamentalmente su presidente, Eduardo de Castro, por las decisiones que adopte, o la ausencia de éstas, tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a que los miembros del Gobierno en Melilla y Ceuta sean electos.

El vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla, Daniel Conesa, subrayó que “lo inmediato es dar cumplimiento exhaustivo, exacto y exquisito” a los términos de la sentencia firme del Supremo y “obrar en consecuencia para restaurar la legalidad que ha sido cuestionada” por dicho tribunal.
Esto es necesario, dijo, por el interés general de la Ciudad Autónoma, los ciudadanos y la seguridad jurídica de los actos administrativos que realice dicha institución, que están “por encima de cualquier interés”.
A su juicio, eso es algo que “todo el mundo debería tener claro” y entiende que “ahora no es el momento de entrar en el fondo de la sentencia” ni tampoco de “decidir qué se tiene que hacer en defensa del régimen de autogobierno de Melilla”, sobre el que dejó claro que “uno de sus mayores defensores, desde siempre, ha sido el PP”.
Por lo tanto, “ahora hay una sentencia firme que hay que cumplir sí o sí” porque “en caso de no hacerlo, quien no lo haga, y en ese caso Eduardo de Castro tiene mayor responsabilidad, tiene el riesgo de incurrir en responsabilidades penales y patrimoniales”.
Conesa reaccionó así después de que De Castro anunciara que los no electos de su Gobierno se mantendrán en sus puestos, seguirán cobrando y continuarán asistiendo al Consejo de Gobierno, aunque no votarán y tampoco firmarán nada, ya que se ha elaborado un decreto de avocación de competencias para que las resoluciones las firme el presidente.
El diputado popular reconoció sentirse “estupefacto” ante algunas de las afirmaciones de De Castro porque revelan “el nivel de en manos de quién se encuentra la Ciudad Autónoma”.
Asimismo, avanzó que el Grupo Parlamentario Popular registró ayer sendos escritos dirigidos al secretario general de la Asamblea y al presidente de la Ciudad Autónoma informando, “por si no lo sabe De Castro”, de la existencia de esta sentencia, que afecta al nombramiento de seis miembros del Gobierno que no son electos.
Según el PP, los tres consejeros y los tres viceconsejeros afectados “no habrían de ostentar responsabilidad pública alguna, por lo que no podrían continuar con las funciones competenciales asignadas” ni tampoco mantener sus cargos públicos, en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo.
Tampoco pueden, según el PP, cobrar sus sueldos desde el día en que el presidente de la Ciudad Autónoma tuvo conocimiento de la sentencia, que según dijo ayer, fue el pasado miércoles, ya que “desde ese momento la situación es de ilegalidad” y “no actuar tiene sus consecuencias”.
Por lo tanto, el PP defiende que el cese de estos seis miembros del Gobierno “debe ser inmediato” y De Castro “debería haberlos cesado ayer mejor que hoy” porque “no hay otra solución posible”, habida cuenta que “la sentencia no cuestiona que se puedan realizar actuaciones administrativas, sino que no pueden ocupar el cargo”, lo cual “es una cuestión objetiva”.

Áreas paralizadas
Además, denunció públicamente que ya hay áreas de la administración que están paralizadas “porque los consejeros no pueden firmar”, al tiempo que se preguntó qué va a suceder con los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de 2020, habida cuenta que la sentencia “desmonta” la Consejería de Hacienda por ser sus dos responsables no electos.
Para responder a “la cachondada mental del presidente”, quien dijo que los consejeros afectados estaban “en modo pause”, Conesa sugirió a De Castro a que “ponga al Gobierno en modo reset”.
Recordó a De Castro que “lo del modo pause es un argumento que no tiene el más mínimo soporte jurídico” y “produce vergüenza ajena escucharlo”, ya que “los consejeros tienen competencias propias por el Estatuto de Autonomía y, si no las pueden ejercer, como es el caso por esta sentencia, la única solución es relevarlos de manera inmediata”.

“Lo mejor es que De Castro dimita”

Conesa considera que “lo mejor, aparte de cesar a los miembros del Ejecutivo no electos, es que De Castro dimita”, ya que “es el máximo responsable del desgobierno que había antes de la sentencia”, y “todas sus declaraciones demuestran que no tiene la más mínima capacidad, ni aptitud ni actitud para dirigir un gobierno de una ciudad tan complicada como esta”. “Que deje que el PP tome las riendas y solucione el entuerto”, ya que es el partido “al que el Pueblo ha votado mayoritariamente”, agregó Conesa tras defender la coherencia de su partido en este asunto desde que empezó a tener sus primeras consecuencias en 2016, con un dictamen no vinculante del Consejo de Estado por el que hubo que cesar al vicepresidente primero del Gobierno, Manuel Ángel Quevedo, que no era electo.

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