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Manuel Ángel Quevedo sostiene que la mayoría de las nuevas medidas del Plan 2022-2026 no se han ejecutado y reclama priorizar las actuaciones pendientes
El coordinador general de Proyectos y Programas del Partido Popular en Melilla, Manuel Ángel Quevedo, ha criticado con dureza el balance realizado por la Delegación del Gobierno en Melilla sobre el grado de cumplimiento del Plan Integral 2022-2026, al considerar que responde a un relato “demagógico y autocomplaciente” que no se ajusta a la situación real de la ciudad.
Según Quevedo, la “enorme mayoría” de las nuevas medidas previstas en el plan no se han ejecutado. Además, reprocha que se presenten como logros actuaciones que, a su juicio, llevan décadas en marcha o ya estaban programadas con anterioridad, como los Planes de Empleo, el Hospital Universitario o el sistema de bonificación de las cuotas patronales a la Seguridad Social.
En este último caso, asegura que el sistema “ha ido a peor” con el Ejecutivo central, al excluir a trabajadores con contratos temporales y estar condicionado hasta 2026. “Y esto resulta que lo ponen como un logro”, denuncia.
El dirigente popular también sostiene que se dan por cumplidas iniciativas que, afirma, no están operativas. Cita como ejemplo la Aduana Comercial o la cesión de terrenos militares, sobre la que señala que ni siquiera se ha materializado la inversión prometida de 10 millones de euros y que, en cualquier caso, la cesión sería muy inferior a la realizada en Ceuta.
En materia de agua, Quevedo asegura que continúan pendientes actuaciones comprometidas por el Estado. Afirma que el cuarto módulo de la desaladora “no funciona”, que no se ha iniciado la línea eléctrica prevista para 2022 y que no se ha completado la renovación de las tuberías principales que debía ejecutar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. También denuncia que no se ha autorizado el uso de 4.000 metros cúbicos de agua depurada para riego y limpieza viaria ni se ha avanzado en el proyecto del Pantano de las Adelfas.
Asimismo, cuestiona el estado de la conectividad aérea y marítima y enumera proyectos que, según afirma, siguen sin ejecutarse: la conversión de la central energética a gas, la planta de regasificación, un campus de Formación Profesional proyectado con 55 millones de euros, nuevas infraestructuras educativas como el Colegio Hipódromo —valorado en 11 millones—, actuaciones en materia de residuos o la mejora del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con una inversión prevista de 11,5 millones.
Quevedo también reprocha la falta de avances en una ley de urbanismo específica para Ceuta y Melilla, recordando que ambas ciudades siguen rigiéndose por una normativa de 1976. “Somos los únicos de España que estamos con las leyes del año 76, de hace 50 años, cuando todo el resto del territorio nacional ha legislado con actuaciones más ágiles y más novedosas”, afirma.
En materia de vivienda, sostiene que el Estado “no ha puesto ni un solo ladrillo” y que únicamente se ha adjudicado la redacción de un futuro proyecto.
Por último, el dirigente popular critica que en el balance se contabilicen como específicas para Melilla medidas de carácter estatal —como programas financiados con fondos europeos o políticas educativas generales— y que se valoren por igual iniciativas de gran impacto con otras de escasa repercusión, lo que, en su opinión, distorsiona la evaluación global del plan.
Por todo ello, Quevedo considera que el balance realizado por la Delegación del Gobierno “no refleja la realidad” y reclama una nueva evaluación que priorice las actuaciones pendientes y garantice su ejecución para impulsar el desarrollo social y económico de la ciudad.
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