El PP acusa a Mónica García de «postureo», «mala praxis» y falta de lealtad con las comunidades autónomas

Considera «sorprendente» que el ministerio no haya implantado ya las medidas que propugna en Ceuta y Melilla, donde tiene todas las competencias sanitarias

El portavoz del PP Borja Sémper ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de «postureo», «mala praxis», «dejación de funciones» y falta de «lealtad» con las comunidades autónomas por el modo en el que ha organizado el Consejo Interterritorial de Salud convocado este lunes para intentar pactar medidas ante el aumento de las enfermedades respiratorias y su repercusión en el sistema sanitario.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, el dirigente ‘popular’ Sémper ha rehusado pronunciarse expresamente sobre las propuestas planteadas por Sanidad, como la creación de una ‘autobaja’ médica de tres días, y se ha limitado a criticar las «formas» con las que se ha estrenado en el cargo la ministra de Sumar.

En opinión de la dirección nacional del PP, es «poco serio» que García haya esperado hasta después de las Navidades para convocar a las comunidades y que entregue sus propuestas a los consejeros en plena reunión y no antes.

«Suena a postureo. En una materia tan sensible hay que dejarse de política frívola y de Twitter», ha indicado Sémper, instando a García a «ser consciente de que es ministra de Sanidad» y a «actuar con más rigor, celeridad y respeto a las comunidades autónomas».

Las comunidades del PP y el PSOE, en contra

Para el portavoz ‘popular’ la actuación de la ministra quizá se deba a su intención de «obtener algún rédito político» y de «desviar la atención». En este punto, ha calificado de «sorprendente» que el ministerio no haya implantado ya las medidas que propugna en Ceuta y Melilla, donde tiene todas las competencias sanitarias.

También ha resaltado el «mérito» de García de haber logrado que tanto las comunidades gobernadas por el PP como las gobernadas por el PSOE se hayan opuesto a sus propuestas y ha insistido en que cualquier medida que se adopte en esta materia debe contar con el consenso de las autonomías.

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