La situación en Melilla (y también en Ceuta) que expuso el Consejo General de Colegios Médicos de España (CGCOM) el martes ante el Parlamento Europeo es realmente preocupante y pone de relieve una problemática muy profunda: el abandono institucional de ciertas regiones periféricas en lo que respecta a servicios tan esenciales como la sanidad.
Los médicos de Melilla, como bien señala el Colegio Oficial, están soportando unas condiciones laborales que vulneran tanto la Directiva Europea 2003/88 sobre el tiempo de trabajo como varios derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Cuando se habla de jornadas que superan las 48 horas semanales de forma estructural, de escasez de personal y de especialidades médicas que apenas cuentan con un profesional, no estamos hablando solo de un problema laboral, sino también de un riesgo directo para la salud pública y la seguridad de los pacientes.
Es muy significativo que el Parlamento Europeo haya mantenido abierta la petición, lo cual es un gesto de respaldo importante y una llamada de atención a las autoridades españolas. Porque, como bien argumentó Ricardo de Lorenzo, no se trata de una mera cuestión de competencias nacionales: cuando se incumple el Derecho de la UE de manera sistemática, Bruselas sí puede y debe intervenir.
También la intervención del presidente del Colegio de Médicos, Justo Sancho-Miñano, también es muy ilustrativa ante el intento de la delegada del Gobierno Sabrina Moh de poner en duda sus críticas. No solo por desmontar equívocos sobre su doble rol como profesional y representante, sino también por subrayar algo clave: los profesionales están haciendo todo lo posible, pero no pueden seguir sosteniendo este sistema solos. Y utilizar el símil de los bomberos fue una forma clara y acertada de transmitirlo al gran público.
En definitiva, sí, los médicos de Melilla necesitan apoyo. No solo institucional, sino también social y político. Porque defender sus derechos es también defender el derecho de la población a recibir una atención sanitaria digna, segura y equitativa.
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