“Un nuevo Plan General de Ordenación Urbana nunca sería ordenado si se deja fuera a determinados barrios de la ciudad”. De esta manera, el consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussian, justificó la intención de plantear en esta revisión del PGOU la regularización de las viviendas que se encuentran, actualmente, al margen de la ley en barrios como la Cañada de Hidum, uno de los que más sufren esta situación.
Pero aclaró que no solo se centrarán en la regularización de las viviendas de los distritos IV y V, sino también de otros “barrios importantes de la ciudad donde, si las casas no están inscritas, no están regularizadas”, algo que “no se debe pasar por alto” y que “se intentará que quede recogido en este plan”.
Mayor recaudación
Bussian defendió este paso porque, además de la necesidad de “corregir una marginalidad” que existe “a lo largo de la historia”, también tiene ventajas como “permitir una mayor recaudación a las arcas públicas, además de más estabilidad familiar y social para estos ciudadanos”.
La idea de la Ciudad Autónoma, que es propietaria de gran parte del suelo donde están asentadas las viviendas no regularizadas, es buscar “un acuerdo global” con las familias que puedan demostrar arraigo en la ciudad mediante el pago de algunos impuestos locales, un paso que “permite iniciar el expediente de regularización” de sus viviendas.
