El nuevo contrato marítimo estará en vigor en septiembre “en el peor de los casos”

El Gobierno de Melilla y la Dirección General de Marina Mercante están ultimando la elaboración del nuevo contrato marítimo de la ciudad, que será adjudicado mediante el procedimiento más urgente que permite la Ley de Contratos del Sector Público. De este modo, "en el peor de los casos", el nuevo contrato podrá estar en vigor el 1 de septiembre. Mientras tanto, el servicio seguirá estando garantizado como servicio público en las condiciones actuales mediante el contrato puente, adjudicado a Trasmediterránea hasta finales de agosto. Esto será posible si el nuevo concurso de adjudicación no queda de nuevo desierto como ocurrió en el anterior, situación que el Ejecutivo local confía que no se vuelva a dar. Para ello, se va a "modular" el cuadro de tarifas máximas para que el servicio sea viable y rentable para las navieras.

Según explicó ayer en rueda de prensa el portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, la Administración contactó con las empresas que estaban interesadas en operar este contrato marítimo para saber las razones por las que no se habían presentado al concurso, y éstas dijeron que el problema estaba en los requerimientos económicos más que en los técnicos, dado que la posibilidad de ingresos era menor y no veían rentable gestionar las líneas en esas condiciones.

Conesa recordó que el cuadro de tarifas máximas del primer pliego del contrato marítimo contemplaba una considerable reducción respecto a las tarifas actuales, en algunos casos del 45%, de modo que la redacción del nuevo pliego "irá en la línea de modular esas tarifas máximas", que en cualquier caso seguirán siendo inferiores a ahora.

Dado que existe un "margen de maniobra enorme", la Ciudad Autónoma y la Dirección General de la Marina Mercante tratarán de buscar la manera de compaginar la viabilidad del servicio y el interés de los ciudadanos, de modo que "si no es [una bajada] del 45% y al final es del 20%, seguirá siendo mucho también", defendió el portavoz.

En este punto, recordó que no hay servicios públicos que en la situación de crisis actual hayan bajado repentinamente un 20% su precio, como ocurrirá con el barco en un porcentaje todavía por determinar. También insistió en que el cuadro de tarifas establecido en el contrato son las máximas que puede poner la empresa adjudicataria, independientemente de las ofertas comerciales que pueda lanzar en determinadas épocas.

Conesa dejó claro que el nuevo pliego seguirá exigiendo que los barcos sean más modernos y rápidos que los de ahora, así como que los precios sean más bajos, que son los ejes principales del contrato.

Acceda a la versión completa del contenido